La contratación pública supone unos 8 billones de euros anuales en todo el mundo, aproximadamente entre el 10 y el 20% del PIB de cada país. Y va desde la compra de computadoras hasta la construcción de una carretera o la gestión de una red de transporte. España tiene empresas muy competitivas que acceden a mercados internacionales, como es el caso, por ejemplo, de la construcción, pero que en ocasiones se encuentran con trabas importantes en su acceso a esos mercados. Además de estos sectores se encuentran otros como el de los dispositivos médicos, la generación de energía o los productos farmacéuticos.
¿Qué beneficios supondrá el IPI? Pues facultará a la UE a iniciar investigaciones cuando las empresas observen esas posibles restricciones y aplicará medidas en consecuencia, como por ejemplo restringir el acceso al mercado comunitario del país donde se produzcan. Es decir que se buscará por encima de todo la igualdad de condiciones entre todas las empresas y “la retirada de barreras injustas” según el vicepresidente Valdis Dombrovskis.
Esto es importante, por ejemplo, con el caso de China. En la UE vienen observando que empresas de aquel país, muchas ellas “dopadas”, es decir con apoyo explícito o no del estado, participan en concursos europeos con ofertas que las compañías comunitarias -sin ayudas públicas- no pueden ofrecer. Esta distorsión del mercado preocupaba cada vez más a las autoridades comunitarias.
Con el IPI, la Comisión podría, en última instancia, aplicar restricciones a los propios mercados de contratación de la UE en forma de ajustes en la forma en que se evalúan las ofertas. Es decir que se buscaría la manera de restringir el acceso a países que no permitan participar a empresas europeas en sus concursos públicos.
Pero antes de llegar a ese extremo la Comisión abrirá consultas y negociaciones con los países que incurran en ese defecto por si es posible solventarlo sin aplicar medidas disuasorias desde Bruselas. Los compromisos existentes de la UE, incluido el Acuerdo sobre Contratación Pública (GPA) de la OMC y los acuerdos comerciales bilaterales, no se ven afectados por este instrumento.
Este de la contratación pública es, por tanto, un sector económico muy destacado en el que cada país actúa según sus criterios. Pero como la UE ha abierto su mercado quiere obtener reciprocidad en el resto del mundo porque, en opinión de Bruselas, las restricciones socavan la competencia y la transparencia, aumentan los costos de los bienes y servicios públicos para los contribuyentes y también aumentan el riesgo de corrupción.
