Unión Europea
La decisión supone un giro en la filosofía de la política regional comunitaria, tradicionalmente concebida para reducir disparidades territoriales. Ahora, Bruselas abre la puerta a que los Gobiernos utilicen la llamada “reserva de flexibilidad” de los programas de cohesión para dar prioridad a desafíos ligados a la guerra en Ucrania, la transición energética y la falta de vivienda en varios Estados miembros.
La reforma afecta a los principales instrumentos de cohesión –el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo de Transición Justa y el Fondo Social Europeo+– que cuentan con una dotación global de 392.600 millones de euros para el periodo 2021-2027.
Los países podrán redirigir hasta el 50% de las asignaciones previstas para 2026 y 2027 hacia nuevas prioridades como defensa y seguridad, vivienda asequible, competitividad, transición energética o gestión sostenible del agua.
La posibilidad de destinar fondos a sectores como el militar representa una novedad histórica en la UE
La normativa introduce un sistema de incentivos. Los proyectos alineados con las nuevas prioridades podrán financiarse hasta el 100% con cargo a fondos europeos, reduciendo la necesidad de cofinanciación nacional. Además, los países tendrán acceso a mayores anticipos.
En caso de que al menos el 15% de la asignación se dirija a estos objetivos, los Gobiernos recibirán un bonus en forma de prefinanciación adicional y dispondrán de un año más, hasta el 31 de diciembre de 2030, para ejecutar los programas.
Esto otorga margen de maniobra para impulsar proyectos de inversión ligados a defensa y transición energética en un horizonte más amplio
La medida se enmarca en el plan comunitario “Rearmar Europa”, que busca reforzar la autonomía estratégica del bloque ante la menor implicación de EEUU en la guerra de Ucrania. El proyecto incluye la creación de un fondo de 150.000 millones de euros para compras militares conjuntas y prevé movilizar 650.000 millones adicionales en cuatro años mediante mayor flexibilidad fiscal.
Al mismo tiempo, la reforma contempla también inversiones sociales clave, como la construcción de vivienda social o la resiliencia hídrica, en respuesta a la presión sobre el mercado inmobiliario y a la creciente escasez de agua en varios países europeos.
| Fondo | Dotación total (millones €) | Ejemplos de uso tras la reforma |
|---|---|---|
| FEDER | 200.000 | Infraestructuras, innovación, proyectos de defensa dual |
| Fondo de Cohesión | 42.600 | Transporte, medio ambiente, resiliencia hídrica |
| Fondo de Transición Justa | 19.300 | Reconversión energética, descarbonización |
| FSE+ | 130.700 | Empleo, vivienda social, formación |
El ajuste normativo se publicará en el Diario Oficial de la UE en los próximos días y entrará en vigor inmediatamente. A partir de ahí, cada país deberá decidir hasta qué punto recurre a esta flexibilidad.
El éxito de la reforma dependerá de cómo los Gobiernos equilibren la necesidad de atender los desafíos estratégicos con el objetivo original de la política de cohesión: reducir desigualdades entre regiones y favorecer la convergencia económica.
La decisión abre un nuevo capítulo en el uso de los fondos europeos. Lo que se planteó como un mecanismo para cohesionar a los Veintisiete se convierte ahora en una herramienta multifuncional frente a las crisis de seguridad, la transición energética y la presión social en materia de vivienda.
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