El mecanismo, en vigor desde finales de 2023 y nunca utilizado hasta ahora, está diseñado para responder de forma colectiva cuando un tercer país presiona a un Estado miembro mediante medidas comerciales o de inversión para forzar una decisión política.
La UE valora por primera vez el uso del Instrumento Anti-Coerción como respuesta conjunta a presiones comerciales con objetivos geopolíticos
El detonante ha sido la vinculación explícita entre política y comercio por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha amenazado con imponer un arancel adicional del 10% a productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido a partir del 1 de febrero, elevándolo al 25% desde el 1 de junio si persiste la oposición europea a su propuesta de aumentar el control estadounidense sobre Groenlandia.
Estas medidas se sumarían al arancel del 15% ya existente sobre la UE, acordado en el verano de 2025 tras una negociación liderada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
A diferencia de disputas comerciales previas, Bruselas ve una presión económica directa para forzar un resultado geopolítico
Los ministros de Finanzas de Alemania y Francia, las dos mayores economías del bloque, han advertido públicamente de que no aceptarán el chantaje económico como herramienta de presión política. En Bruselas se subraya que esta situación encaja con precisión en la definición legal de coacción económica recogida en el IAC, al tratarse de una interferencia indebida en las opciones soberanas de la UE y de sus Estados miembros.
Aunque Groenlandia no forma parte de la UE, su vínculo con Dinamarca permite considerar que la presión ejercida sobre el territorio autónomo equivale a presión directa sobre un Estado miembro, uno de los supuestos para los que se diseñó el instrumento.
En esencia, el IAC funciona como un artículo 5 económico: si un país intenta forzar a un miembro mediante presión comercial, la respuesta potencial es de todo el bloque. A diferencia de la OTAN, la reacción no es militar, sino económica, y EEUU no forma parte de este “club”, lo que limita el riesgo de una escalada automática en el marco de la alianza atlántica.
Este enfoque refleja la naturaleza de la UE como unión económica, donde el mercado único es el principal activo estratégico y el comercio, una herramienta de disuasión frente a conflictos.
El instrumento no fue concebido para aliados como EEUU, sino para frenar prácticas coercitivas de potencias externas
El proceso para activar el IAC es escalonado y con plazos definidos, desde la evaluación inicial hasta la posible adopción de represalias económicas.
| Fase del proceso | Contenido clave |
|---|---|
| Inicio del caso | La Comisión actúa por iniciativa propia o a petición de un Estado miembro |
| Evaluación | Análisis del perjuicio durante un máximo de 4 meses |
| Decisión del Consejo | Hasta 8 semanas, ampliables a 10, para confirmar la coacción |
| Diálogo | Petición formal al tercer país para que retire las medidas |
| Respuesta | Restricciones comerciales, financieras o de inversión como último recurso |
Si el diálogo fracasa, la UE puede restringir el acceso al mercado europeo en bienes, servicios, inversión extranjera directa, contratación pública, mercados financieros, propiedad intelectual o controles a la exportación. Las medidas se adoptan mediante un acto de ejecución de la Comisión, con participación de los Estados miembros, y se retiran cuando dejan de ser necesarias.
El instrumento se concibió principalmente para casos como el de China, que en 2021 bloqueó importaciones de Lituania tras la apertura de una oficina de representación taiwanesa. Aquella disputa terminó en la OMC y reforzó el apoyo interno a una herramienta europea de respuesta rápida, con Lituania como uno de sus principales defensores.
Ahora, por primera vez, Bruselas valora utilizar esa “bazuca” económica frente a EEUU, en un pulso que podría marcar un antes y un después en la forma en que la UE defiende su soberanía económica.
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