Una de las viviendas habilitadas para migrantes y solicitantes de asilo en Lesbos, Grecia
La reforma supone uno de los cambios más relevantes del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, con el objetivo de acelerar las expulsiones y elevar una tasa de retorno que Bruselas considera insuficiente. El acuerdo deberá completar ahora los trámites formales para su entrada en vigor.
La nueva normativa obligará a los migrantes con una orden de expulsión a cooperar activamente con las autoridades bajo riesgo de sanciones y periodos prolongados de detención
El nuevo reglamento establece que las personas cuya petición de asilo haya sido rechazada deberán colaborar con las autoridades nacionales para facilitar su retorno. Entre otras medidas, estarán obligadas a proporcionar documentación, datos biométricos y permanecer localizables durante el procedimiento.
Además, los Estados miembros podrán imponer sanciones cuando consideren que existe falta de cooperación o riesgo de fuga. En estos casos, la normativa contempla periodos de internamiento de hasta 24 meses, una de las medidas más controvertidas de la reforma.
| Principales cambios del reglamento |
|---|
| Obligación de colaborar con las autoridades |
| Reconocimiento mutuo de órdenes de expulsión entre países de la UE |
| Posibilidad de detención hasta 24 meses |
| Creación de centros de deportación en terceros países |
| Refuerzo del papel de Frontex en los retornos |
La principal novedad del acuerdo es la consolidación legal de los denominados centros de retorno o centros de deportación situados fuera del territorio comunitario. Estos espacios permitirán trasladar a migrantes sin derecho a permanecer en la UE mientras se tramita su expulsión definitiva al país de origen o tránsito correspondiente.
La medida se inspira en el acuerdo firmado por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni con Albania, que se convirtió en referencia para varios países europeos que reclaman una política migratoria más estricta. La nueva normativa permitirá que estos acuerdos sean negociados tanto por Estados individuales como por la propia Unión Europea.
No obstante, el texto establece que los menores no acompañados no podrán ser trasladados a estos centros externos.
Otra de las novedades relevantes es que cualquier país de la UE deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno emitidas por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 2027. De este modo, el país donde se encuentre la persona afectada será responsable de garantizar su expulsión.
La Comisión Europea considera que esta armonización permitirá reducir diferencias entre legislaciones nacionales y mejorar la eficacia de los procedimientos de expulsión. Actualmente, solo una parte de las órdenes de retorno emitidas en la UE llega a ejecutarse.
Organizaciones humanitarias alertan de que la reforma puede aumentar el riesgo de vulneraciones de derechos fundamentales y detenciones prolongadas
El acuerdo ha generado una fuerte contestación entre organizaciones de defensa de los derechos humanos. El Comité Internacional de Rescate (IRC) ha advertido de que la normativa deja abiertos «peligrosos vacíos» y refuerza los mecanismos de deportación sin suficientes garantías jurídicas para los afectados.
También entidades como Amnistía Internacional han denunciado que la ampliación de los periodos de detención y la externalización de los retornos pueden aumentar el riesgo de abusos y vulneraciones de derechos fundamentales.
La reforma se enmarca en el endurecimiento general de la política migratoria europea impulsado durante los últimos años, con el objetivo de reducir la inmigración irregular y aumentar el número de expulsiones efectivas.
La mayoría de las nuevas disposiciones entrarán en vigor doce meses después de la publicación oficial del reglamento, aunque medidas como la externalización de centros de deportación podrán aplicarse de forma inmediata.
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