La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
Las pensiones públicas se revalorizarán un 0,9%, en línea con el IPC, pero esta subida no llegará hasta que se conforme un nuevo Gobierno, según ha explicado hoy la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros en La Moncloa, el último de este 2019.
El Ejecutivo en funciones, en su habitual reunión de los viernes, ha decidido que las pensiones se revalorizarán un 0,9% “en el momento preciso en que se configure el Gobierno”. No antes. Así lo ha explicado Celaá, que ha señalado que se realizará en una única revalorización, en vez de en dos (0,25% ahora y 0,65% posteriormente) por cuestiones logísticas y de ahorro de gastos. La subida, de esta manera, se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
Al igual que ya ocurrió el año pasado, cuando se aprobó una revalorización de un 1,6% de todas las pensiones, no se aplicará el índice de revalorización de las pensiones, que supone una subida del 0,25%. Esta fórmula, vigente desde 2014, indexaba la revalorización anual de las pensiones a una fórmula que contemplaba la salud de las cuentas de la Seguridad Social.
Colectivos como la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) habían presionado al Gobierno en funciones para que aprobase la subida cuanto antes.
También en materia de pensiones, el Consejo de Ministros ha decidido prorrogar la cláusula de salvaguarda de las pensiones, lo que beneficiará a 26.000 trabajadores que tenían esas pensiones fijadas hasta 2011, según los cálculos del Ejecutivo.
La portavoz del Gobierno y titular de Educación se ha referido también en su comparecencia a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que también deberá esperar. El SMI se fijará para 2020 conforme al “diálogo social” que ha de mediar entre los agentes sociales, y luego se regulará “conforme se ha hecho en otras ocasiones”, ha explicado Celaá, que ha recordado que la propuesta del actual Gobierno pasa por una subida hasta el 60% del salario medio en una legislatura.
En la última reunión del año de los ministros se ha dado luz verde a un Real Decreto-ley que recoge medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social. Entre ellas, se prorrogan los límites cuantitativos de facturación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así, “los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros”, detalla Trabajo en una nota.
Además, los autónomos que adquieren bienes y servicios hasta 250.000 euros podrán mantenerse en el sistema de módulos. Estaba previsto que este límite se redujera a 150.000 euros en 2020.
A esto hay que sumar la prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020 y una actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos.
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