La subida de la inflación presiona a los gobiernos de toda Europa para elevar el salario mínimo

Varios países europeos prevén aumentos del salario mínimo para combatir la inflación, que se disparó hasta el 5,0% en el conjunto de la eurozona. En España, tras la subida aprobada hace unos meses hasta los 965 euros (14 pagas), se espera que en breve se establezca una nueva mesa de negociación con sindicatos y patronal para una nueva subida. “El objetivo yo creo que está explicitado, hablo a través de documentos, en el comité de expertos“, ha afirmado hoy mismo la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones a TVE al ser preguntada por la cuantía del alza. La intención del Ejecutivo es que para el fin de la legislatura el SMI suponga el 60% del salario medio, lo que se cifra actualmente en unos 1.050 euros al mes.

España no es un caso aislado; el nuevo Gobierno alemán se ha comprometido también a una subida del salario mínimo, según recoge Financial Times. Desde el 1 de enero se ha incrementado a 9,82 euros la hora, y a partir del 1 de julio de 2022 volverá a subir a 10,45 euros la hora. La intención del nuevo Ejecutivo, no obstante, es que no se quede ahí, sino que llegue a los 12 euros la hora.

Mientras, en Portugal, Polonia, la República Checa y Rumanía, el salario mínimo legal aumentó un 6% o más a partir de enero. Francia, cuyo mínimo es uno de los más altos, seguirá subiéndolo en función de los precios (la inflación en diciembre fue del 3,4%).

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Incluso la propia Unión Europea está planeando un proyecto de legislación destinado a garantizar que los salarios mínimos -donde se apliquen- sean lo suficientemente altos como para ser “adecuados”, o al menos el 60% de los ingresos medios nacionales.

“Esto no habría ocurrido hace unos años”, reflexiona Stefano Scarpetta, director de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. “Esta vez, estamos poniendo mucho dinero en la economía y existe la preocupación de que vaya a parar a los de abajo”.

Serán necesarias otras medidas

El problema es que los gobiernos confían demasiado en una sola herramienta -el salario mínimo- que solo protegerá a algunos de los más vulnerables. Los economistas advierten que es necesario actuar en un frente mucho más amplio para proteger a los hogares de la subida en el coste de la vida.

El salario mínimo es una buena forma de establecer una norma social, pero “no es una medida muy específica para luchar contra la pobreza”, avisa Scarpetta. Por ejemplo, muchos de los que lo perciben viven con una pareja que gana más, y cuando el suelo salarial aumenta los trabajadores pueden perder prestaciones o pagar impuestos más altos como resultado.

Un suelo salarial más alto también puede llevar a los empresarios a contratar a personas con menos horas o con condiciones menos seguras y solo afecta a los que están cerca de la parte inferior de la distribución de los ingresos.

“Solo ayuda a los que tienen los salarios más bajos. No va a ayudar a crear una clase media”, coincide Patrick Belser, economista principal de la Organización Internacional del Trabajo, en declaraciones a FT. El estancamiento del nivel de vida “no es culpa del salario mínimo”, añade Belser. “Es la ausencia de otras políticas”.

Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, añade que “tradicionalmente, las políticas para hacer frente a la desigualdad se han centrado en las competencias y en la fijación de los salarios: salarios mínimos, negociación colectiva”. Sin embargo, a su juicio ahora los gobiernos deben prestar más atención a otras cuestiones, en particular a la política de competencia.

Un nuevo estudio de la OCDE ha descubierto que hasta un tercio de la desigualdad salarial global se debe a las diferencias salariales entre empresas que pagan a trabajadores con cualificaciones similares. A menudo, los trabajadores no pueden cambiar de puesto de trabajo aunque se les ofrezca una mejor remuneración en otro lugar debido a las restricciones impuestas por sus empleadores, como las cláusulas contractuales de no competencia.

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