“Mediante este acuerdo”, explica Aspe en una nota, “ambas compañías aseguradoras pactaron que la gestión de los servicios asistenciales y el pago de estos, acordados previamente entre Generali y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, pasarían a ser gestionados por Sanitas resolviendo de forma unilateral los contratos suscritos”.
Según este acuerdo, en vigor desde el pasado 1 de enero, “los centros sanitarios se ven obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicando las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas para atender a los asegurados de Sanitas”. Entre las consecuencias de esto, “es que permite recortar a Generali un 20% las tarifas previamente pactadas con los centros al ser absorbidos en los acuerdos de Sanitas, que hace así abuso de una posición de dominio en la negociación, de la que carecería Generali.”
Tanto Aspe como los distintos proveedores sanitarios solicitaron a ambas en diciembre conocer las “condiciones específicas” del acuerdo, pero critica que ambas compañías “han ocultado las condiciones de gestión y comerciales, en una estrategia de silencio que busca enterrar los detalles de un acuerdo que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores sanitarios a los asegurados de Generali, y que es considerada contraria a la buena fe”.
A esta “falta de transparencia”, la patronal de la privada destaca “una importante confusión en el mercado, no sólo a nivel de gestión de centros sanitarios, sino también de los propios pacientes de Generali, que desconocen las consecuencias del acuerdo sobre el cuadro médico y de servicios de los que ahora disponen”.
“Esta imposición unilateral, realizada además con ocultación del contenido del acuerdo, limita la libertad de los hospitales y les impide ejercitar sus derechos contractuales, ya que les obliga a aplicar una tarifa – la que tenían concertada con Sanitas- que no es la que se había acordado para los asegurados de Generali”, señala el citado dictamen jurídico.
“Por este motivo, y tras haber intentado sin éxito establecer un diálogo con las otras partes interesadas, cabría plantear la oportuna demanda y/o denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por infracción de las normas de competencia”, añade.
“Como agravante”, continúa la nota, “esta acción se ha llevado a cabo de forma unilateral e impositiva, sin tener en cuenta un necesario consenso con los centros sanitarios afectados, simplemente comunicándoles, tanto por Generali como por Sanitas, que el contrato anterior quedaba fuera de vigor, siendo sustituido por un nuevo contrato que establece nuevas condiciones no pactadas”. En el informe jurídico encargado por Aspe se señala que “la actuación de Generali podría vulnerar lo dispuesto en la LCD, por imponer unilateralmente a los hospitales la aplicación de unas condiciones económicas para los asegurados de Generali (las vigentes con Sanitas) distinta de las pactadas”.
ASPE ha solicitado sin éxito en reiteradas ocasiones, tanto a Sanitas como a Generali, información sobre el acuerdo firmado para “poder conocer y valorar las consecuencias que el mismo tendrá sobre los centros médicos afectados y poder abordar una posible negociación”.
Para Luis Mendicuti, secretario general de Aspe, “la falta de respuesta de ambas aseguradoras a todos nuestros requerimientos y a los de los hospitales para conocer los detalles del acuerdo nos reafirma que este acuerdo vulnera potencialmente los derechos de los operadores sanitarios en la aplicación de preceptos normativos vigentes”. Además, considera que “no es admisible que nuestros asociados se vean obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicándoles las condiciones económicas concertadas con Sanitas, es contrario a Ley ya que les impide ejercitar sus derechos contractuales y limita su libertad”.
ASPE ha remitido por separado a ambas compañías el pasado miércoles 3 de mayo un escrito exigiendo que “cesen en su conducta y cumplan los acuerdos de prestación de servicios suscritos con los hospitales en sus propios términos”, dando un plazo de respuesta hasta ayer 17 de mayo antes de la interposición inmediata de acciones legales.
