La sanidad privada afea a Illa que desoiga sus demandas y avisa de la quiebra de centros

Salvador Illa, defiende ante el Pleno el Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
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Malestar en la patronal de la sanidad privada con el Gobierno. En concreto, con el ministro Salvador Illa, a quien recrimina que haya hecho oídos sordos a sus peticiones económicas. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, ha lamentado que el titular de esta cartera no haya respondido todavía a las propuestas para dotar de liquidez a este sector, que afirma que se ha visto duramente golpeado por la crisis del Covid-19. Tal es así, que avisa de la quiebra de miles de centros.

Desde hace varios meses el sector de la sanidad privada viene solicitando al Ejecutivo de Pedro Sánchez ayudas y compensaciones para “paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia” de coronavirus. Un SOS que el presidente de ASPE, Carlos Rus, trasladó al propio Illa en una reunión a primeros de junio en la que, según esta patronal, el ministro se comprometió a dar una respuesta en los siguientes 10 días. Algo que no ha llegado, denuncian.

Medidas, detallan en una nota, como “compensaciones por la atención de pacientes derivados de la pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos; y un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios, con efectos de esta regulación desde el momento de decretarse el Estado de Alarma”.

En ese mismo encuentro, el sector pidió ser considerado “de forma previa” en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros. Tras publicarse este texto “se ha constatado la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad de los gobiernos regionales de facilitar ayudas al sector”, critica ASPE. Dejando a un lado el “acuerdo de compensación” ya alcanzado con la Generalitat de Cataluña por cada paciente y recurso empleado, “en la actualidad no existen otras resoluciones convenidas con el resto de gobiernos autonómicos en los que se han solicitado contrapartidas”, se lamenta la patronal antes de reconocer que está en “conversaciones” con los gobiernos de Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía, País Vasco y Castilla y León, entre otros.

ASPE insiste en la delicada situación económica de este sector, “que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4% del PIB”. La amenaza de la suspensión de pagos, concursos y cierres se ciernes sobre “cientos de centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes, fundamentalmente pequeñas clínicas”. La estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar.

Asimismo, informa de los resultados de un estudio sobre 124 centros sanitarios, que suponen el 27% de los hospitales privados y el 24% de las camas privadas existentes en este tipo de centros sanitarios. Estos asumieron el 16% de los pacientes diagnosticados (19.289) y el 14% de los ingresos en UCI (1.536), provocando que las intervenciones quirúrgicas descendieran un 83%, las pruebas diagnósticas un 79% y las urgencias un 73%.

Además, destaca ASPE, los centros sin internamiento han descendido durante este periodo su facturación más de un 85% de media respecto a la actividad ordinaria pre-Covid y los centros hospitalarios más de un 60%. A esto hay que añadir que los hospitales participantes en el estudio han llevado a cabo inversiones relacionadas con la pandemia por un valor superior a los 13,5 millones de euros y han cancelado o retrasado inversiones por un valor estimado de 36,2 millones.

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