La reforma de las normas presupuestarias vuelve a dividir a la Unión Europea

Banderas de la Union Europea

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La reforma de las normas presupuestarias de la Unión Europea ha vuelto a mostrar la tradicional división entre los ‘frugales’ del norte, que apuestan por una mayor disciplina fiscal, y los países del sur. El foco del debate se centra ahora en la posible eliminación de ciertas categorías de deuda pública de los presupuestos nacionales, especialmente las relacionadas con la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica.

Según publica Financial Times, Johannes Hahn, comisario de Recursos Humanos y Presupuesto de la UE, ha aclarado que se opone a excluir el gasto climático y otros gastos estratégicos de los cálculos de la deuda pública de la UE, insistiendo en que los Estados miembros deben centrarse en reducir su endeudamiento. “No apoyo ninguna idea [de] excluir ciertos tipos de deudas, calificándolas de buenas, sostenibles, verdes, etc. Al fin y al cabo, la deuda es la deuda”. A cambio, pide que los Estados miembros se sometan a “pruebas de resistencia” periódicas de sus finanzas públicas.

Los funcionarios de la Comisión Europea están trabajando para reducir las diferencias entre los Estados miembros del norte y del sur en el marco de una consulta sobre la revisión de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Estas normas, diseñadas para garantizar la disciplina fiscal, se suspendieron durante la pandemia. Los ministros de Economía de la zona euro tienen previsto debatir el tema en Bruselas el lunes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que ostenta la presidencia de turno de la UE, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, defendieron el mes pasado que el “gasto clave para el futuro” debería incentivarse en el marco de un conjunto de normas revisadas.

También el Comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, se mostró partidario de una normativa presupuestaria “renovada y revisada” para incentivar el gasto ecológico y digital. El Vicepresidente del Ejecutivo, Valdis Dombrovskis, que junto a Gentiloni supervisa la consulta, ha insistido en que los Estados miembros tendrán que ofrecer planes “creíbles” para reducir su deuda incluso si obtienen un margen de maniobra adicional para las inversiones verdes.

En cambio, Hahn, austriaco y miembro del Partido Popular Europeo, refleja la opinión tradicional de los frugales Estados del norte, como Países Bajos, los países nórdicos y los bálticos. Allí, los conservadores fiscales se resisten a permitir que se incentiven franjas de gasto público bajo el principio de la llamada “regla de oro”.

Hahn, responsable del presupuesto, se ha mostrado abierto a cambios en el pacto que garanticen una “hoja de ruta específica para cada país” para la reducción de la deuda pública. Pero advierte de que los países no deben dar por sentado que los costes de endeudamiento favorables durarán siempre.

“La comisión tiene que ser dura a la hora de supervisar, comprobar y tomar medidas correctivas en caso de que no se respete la hoja de ruta”, ha avisado. “En términos de transparencia, es obvio que debemos tener una imagen clara de la situación de cada Estado miembro”.

La postura de Hahn es una primera señal de las disputas entre los comisarios fiscalmente conservadores y los más reformistas. Bruselas pretende presentar sus propuestas de reforma del PEC este verano.

Las normas actuales no permiten a los Estados prescindir sistemáticamente de amplias categorías de gastos ecológicos u otros gastos estratégicos al evaluar el cumplimiento de los objetivos de la UE. Y el debate se centra ahora en si es posible encontrar definiciones rigurosas para los proyectos y categorías de gasto público que podrían beneficiarse de un trato más favorable.

Pascal Canfin, eurodiputado francés del partido En Marche de Macron, cree que un compromiso podría consistir en poner un límite al gasto verde exento de los cálculos de deuda y déficit. A su juicio, un límite anual del 1% del producto interior bruto de un país era una cifra adecuada para ayudar a cubrir la “brecha de inversión verde” necesaria para cumplir el ambicioso objetivo de la UE de cero emisiones netas de carbono para 2050.

“Necesitamos un límite políticamente aceptable para todos los países sobre el gasto que recibe un tratamiento especial”, ha señalado a FT. “Si inyectamos el 1% del PIB al año supone una clara diferencia y puede iniciar un ciclo virtuoso de inversión”.