El ‘caso Púnica’ lleva sobrevolando la Puerta del Sol durante toda la legislatura. Sin embargo, el escándalo del máster de Cristina Cifuentes ha desviado el foco mediático que se puso sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando la Guardia Civil redactó varios informes que la incriminaban en la trama corrupta. Pero “foco mediático” no tiene que significar que los juzgados rebajen el ritmo de investigación. Y las noticias han vuelto con fuerza.
El juez instructor del caso, Manuel García Castellón, ha asestado este miércoles un revés a las aspiraciones de Cifuentes en la Púnica. Según ha señalado el magistrado, el presunto amaño de la adjudicación de la cafetería del Parlamento madrileño que cayó sobre el empresario Arturo Fernández tiene aún recorrido. Ni se cierra la causa, ni la presidenta regional hizo una buena labor en el proceso.
Las investigaciones de la Púnica apuntan que el concurso público se entregó al empresario madrileño como compensación por financiar supuestamente de manera ilegal al PP de Madrid. Cifuentes estuvo presente en dicha adjudicación. Y el juez García Castellón ha determinado, en un auto rechazando el sobreseimiento del ‘caso cafetería’, la incompatibilidad de la líder conservadora en la adjudicación: no podía ser parte de la mesa de contratación y del comité de expertos, tal y como sucedió.
Se disparan las sospechas judiciales sobre la implicación de Cifuentes en la Púnica
De hecho, el magistrado instructor ha recalcado que la presidenta de la Comunidad de Madrid debió abstenerse en el concurso. Mientras tanto, las peticiones de dimisión por el escándalo del máster insisten sobre Cifuentes. Y miembros de la oposición van cuadrando piezas del puzle.
“Esta debe ser la verdadera razón por la que Cifuentes no dimite (pero la mejor razón para dimitir). Perdería el aforamiento y tendría que ir a declarar”, ha analizado Miguel Ongil, diputado de Podemos en el Parlamento madrileño. “Si deja de ser presidenta pierde el aforamiento ante el Supremo. Y si deja de ser diputada pierde todo aforamiento. Y a la semana siguiente, al juzgado”, ha completado su compañero de bancada Hugo Martínez Abarca.
Esta es una razón crucial por la que Cifuentes se aferra al cargo: https://t.co/heRPydKaKh
Si deja de ser presidenta pierde el aforamiento ante el Supremo. Y si deja de ser diputada pierde todo aforamiento. Y a la semana siguiente, al juzgado.
— Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 12 de abril de 2018
Esta debe ser la verdadera razón por la que Cifuentes no dimite (pero la mejor razón para dimitir). Perdería el aforamiento y tendría que ir a declarar.https://t.co/JE6A2l0M2b
— Miguel Ongil (@Migs_Bru) 12 de abril de 2018
Nuevos problemas para otro parlamentario
No obstante, el máster y esta decisión del juez de mantener la causa que acecha a Cifuentes no son los únicos problemas que hay en la sede de la Comunidad de Madrid. En los últimos días, un diputado del PP de Madrid en la Asamblea también veía cómo los movimientos judiciales empezaban a caer sobre él.
El estanque de ‘ranas’ de Cifuentes rebosa por la ‘operación Púnica’
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Alcalá de Henares, Olga Iglesias Santamaría, remitió el pasado 8 de abril, como constató El País, al Parlamento madrileño que certifique la condición de aforado de Bartolomé González. Un paso previo para que la magistrada envíe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid los indicios que hay sobre él cuando era exalcalde de Alcalá de Henares.
En concreto, la Justicia alcalaína ve “hechos presuntamente constitutivos de infracción penal” en la compra que hizo el entonces alcalde de Alcalá de Henares a la empresa de su cuñada. Un movimiento que se realizó a través de una segunda empresa que había recibido la adjudicación municipal para organizar las fiestas patronales. “Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid me investiga, no tardaré ni un minuto en dimitir”, ha adelantado Bartolomé González.
Un nuevo lío judicial sobre la bancada del PP de Madrid y que se junta al escándalo del máster, al resurgir de la Púnica y a las declaraciones judiciales de Francisco Granados contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
