Proyecto Castor
La plataforma ciudadana ‘Caso Castor’ ha presentado a los grupos parlamentarios del Congreso enmiendas para buscar que sea ACS y no el Estado quien asuma la indemnización por el fallido proyecto del almacén de gas.
Esta organización, integrada por las organizaciones Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Instituto de Derechos Humanos, ha presentado propuestas para que los grupos las hagan suyas durante la tramitación como proyecto de ley del decreto ley convalidado el pasado mes por el Pleno de la Cámara Baja que autoriza al Gobierno para pagar la indemnización con cargo a la deuda pública.
El almacén de gas Castor fue puesto en hibernación a raíz del riesgo sísmico derivado de sus actividades de puesta en funcionamiento y ahora el Estado debe devolver 1.350,7 millones de euros reclamados por las entidades financieras acreedoras (Banco Santander, CaixaBank y Bankia), más los daños y perjuicios e intereses respectivos generados por el período de impago.
Pese a que el Gobierno justifica este pago en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2020, esta plataforma asegura que el propio Código Civil prevé la nulidad de una obligación y la restitución recíproca y que este principio general está recogido también en la regulación de la contratación pública.
Las enmiendas apuntan a este precepto legal para declarar de nulidad de los actos de la adjudicación, «debiendo las partes restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del contrato y, si esto no es posible, deben volver su valor». Para esta plataforma, la indemnización por parte del Estado «no sólo es injusta» sino que «va en contra del ordenamiento jurídico vigente».
De esta interpretación sería la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, y la canadiense Dundee quienes debieran indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados.
Para estas organizaciones, así se daría «una respuesta jurídica, equilibrada y garantista que solucione, sin perjuicio para la ciudadanía y las arcas públicas, la situación derivada de los derechos de cobro adquiridos sobre el sistema gasista con los que se pagó la compensación económica a la empresa Escal UGS.
Por otro lado, la plataforma asegura haber hecho «un análisis pormenorizado del estado de cuentas y solvencia de la sociedad ACS», tras el cual sostienen que, al menos desde los últimos tres años, esta entidad puede hacer frente a la devolución de la indemnización por el proyecto Castor «de forma ordenada y sostenible».
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