Sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
La querella se dirige también contra el fiscal de delitos económicos Julián Salto en relación a la nota informativa difundida por un canal oficial en el que la Fiscalía de Madrid informaba sobre el cruce de correos entre el abogado de Alberto G. A. y el fiscal relativos a la investigación contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal.
El escrito judicial se ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, ya que los fiscales tienen la condición de aforados. La Sala ya ha incoado unas diligencias y ahora se dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión de la querella, según han detallado a Europa Press las citadas fuentes.
Respecto al mismo asunto, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ya ha abierto diligencias en relación a la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra la Fiscalía por la difusión del citado comunicado.
Por su parte, la pareja de la presidenta madrileña está llamada a declarar el próximo 20 de mayo como investigada por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal”.
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación “unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”.
“Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021”, recoge la denuncia del fiscal.
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