«Los derechos a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, así como una serie de derechos económicos, sociales y culturales, son vulnerados por las tres autoridades responsables: el Gobierno de Israel, el Gobierno del Estado de Palestina y las autoridades de facto de Gaza», afirmó Pillay ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según la experta, «la mayoría de las violaciones son cometidas por las autoridades israelíes como parte del objetivo del Gobierno israelí de consolidar su ocupación permanente a expensas de los derechos del pueblo palestino.»
Pillay añadió que las autoridades de Israel están limitando el espacio cívico mediante una estrategia de deslegitimación y supresión de la sociedad civil palestina e israelí para «sofocar la disidencia, socavar las instituciones y prácticas democráticas y reforzar el autoritarismo».
«Nuestro informe mostró que las autoridades israelíes han utilizado diversos métodos punitivos dirigidos a disuadir y obstaculizar las actividades de los miembros de la sociedad civil palestina», subrayó.
Entre ellos mencionó la privación de libertad, detenciones administrativas, prohibiciones de viajar y restricciones de circulación, deportaciones y anulación de documentos de identidad y residencia.
La situación en Cisjordania se agravó después de que un terrorista palestino matara a tiros a dos israelíes en la ciudad de Huwara, en el norte de Cisjordania, el 26 de febrero.
En respuesta al ataque terrorista, varios cientos de colonos fueron a la ciudad palestina y atacaron con violencia a personas e inmuebles en un acto de venganza.
