La OCU lanza la campaña #mascarillasparatodos para pedir su gratuidad para familias vulnerables

La OCU ha puesto en marcha una campaña para pedir mascarillas gratuitas entre las familias más vulnerables ya que, como advierte la organización de consumidores, cumplir la obligación de llevar mascarillas tiene un coste de 110 euros al mes para una familia tipo.

Por este motivo, ha lanzado la campaña #mascarillasparatodos con la que reclama al Ministerio de Sanidad que garantice el acceso de los ciudadanos a las mascarillas más adecuadas a sus necesidades; fijar el precio de todos los tipos de mascarillas y que este sea asequible para todos los ciudadanos; suministrar un mínimo de mascarillas gratuitas a los ciudadanos, que cubra al menos en parte las necesidades mínimas; y facilitar a las familias en situación de vulnerabilidad económica la gratuidad total de las mascarillas necesarias.

Como recuerda la OCU, desde el pasado 21 de mayo es obligatorio usar mascarillas en cualquier recinto cerrado de uso público o abierto al público, y también en la calle y en espacios al aire libre, cuando no sea posible garantizar una distancia interpersonal de dos metros.

El uso obligatorio de mascarillas se ha convertido en un nuevo recibo mensual para las familias, alerta la OCU, que señala que, a partir de ahora, deberán sumar el gasto en mascarillas a los gastos fijos de cada mes como son el agua, la electricidad, el gas, el teléfono o la alimentación.

La organización recuerda que muchas familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica grave y menciona una reciente encuesta llevada a cabo por la OCU que revela que un 10% de las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes haciendo frente a las necesidades básicas y que para un 6% de las familias es muy difícil hasta pagar la comida.

Por todo ello considera que el uso obligatorio de mascarillas debería suponer su gratuidad total, al menos para las familias más vulnerables, mientras que cree que el resto deberían contar con un suministro mínimo mensual que permita aliviar el impacto económico de una medida que tiene como objetivo proteger la salud de los ciudadanos pero que conlleva un importante impacto en su economía doméstica.

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