Banco de España
Según recoge Europa Press, la ausencia de oficinas bancarias y la falta de capacidades y destrezas digitales para operar en cajeros o por internet son los principales factores que confluyen entre los mayores de 65 años y residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, señala el informe, basado en una encuesta realizada a 2.007 individuos de localidades con menos de 5.000 habitantes.
La organización destaca que el proceso de cierre de oficinas iniciado en 2008 ha provocado la desaparición de 24.741 establecimientos de este tipo y ha afectado al 42% de los habitantes de municipios pequeños.
Según las conclusiones del estudio, el 20% de los municipios pequeños carece de oficina bancaria, lo cual provoca “serios inconvenientes a los vecinos, que se ven obligados a desplazarse 10,6 kilómetros de media o pagar más comisiones para acceder al efectivo”.
También se producen desigualdades regionales, dado que el 38% de los habitantes de pequeños municipios de Castilla y León no disponen de ninguna oficina bancaria, frente al 5% de Andalucía, subraya la OCU.
El informe revela que los habitantes de los pueblos pequeños son “claramente” más reacios al uso de tarjetas, a la utilización de internet para realizar operaciones y a las compras ‘online’, “donde la edad es el factor determinante”.
El 40% de los mayores reconoce que la falta de conocimiento o destrezas es el principal motivo por el que no las usa, a lo que le sigue, a distancia, la falta de confianza en la seguridad.
Recomendaciones
El estudio incorpora una serie de recomendaciones para evitar la exclusión financiera en España, como garantizar el acceso a los servicios bancarios esenciales con una infraestructura física viable.
“Es necesario que determinados servicios, como el acceso al efectivo tenga la consideración de servicio universal para garantizar el acceso a la población, como ocurre en otros servicios (telecomunicaciones o postales)”, destaca el documento.
También aboga por el desarrollo de tecnologías inclusivas que permitan realizar operaciones en cajeros automáticos de manera similar a la de oficinas, como la identificación biométrica, las videollamadas o los comandos de voz, por ejemplo.
Asimismo, defiende mejorar la protección y seguridad de los mayores con una normativa específica y la creación en dependencias públicas de entornos seguros para la realización de operaciones bancarias. A ello se suma la necesidad de implementar programas de alfabetización digital y financiera.
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