La OCDE pide a España elevar la edad de jubilación y ‘auditar’ la subida del salario mínimo

José Ángel Gurría y Nadia Calviño

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y la ministra de Economía, Nadia Calviño. Autor: Ministerio de Economía

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aboga por ‘auditar’ las subidas del salario mínimo ante el posible impacto en el empleo de los colectivos más vulnerables. Así lo semana en un informe presentado hoy sobre la economía española y en el que pide además abordar la reforma laboral para reducir la temporalidad y elevar la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

Hace apenas dos años la OCDE fue la gran defensora de la subida del salario mínimo aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy sin embargo, critica que las subidas “no se han aplicado de forma gradual, lo que podría perjudicar al empleo de grupos vulnerables”. En concreto, la institución cree que “es preciso evaluar las repercusiones que las rápidas y acusadas subidas del salario mínimo han tenido en el empleo, especialmente en el caso de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados”.

Para evitar estos posibles daños, la OCDE pide modificar la fijación del salario mínimo “con la creación de una comisión independiente permanente”, que sería la encargada de “evaluar sus posibles efectos y elaborar recomendaciones que permitan una modificación gradual del salario mínimo en consonancia con la evolución de las condiciones del mercado laboral y de la productividad”.

No es la única recomendación en materia laboral de la institución que dirige Ángel Gurría, que recuerda que la pandemia “afectó de forma desproporcionada a los trabajadores jóvenes, a los poco cualificados y a los temporales”. Por ello, los autores del informe critican que “la utilización generalizada de contratos temporales incrementa la desigualdad y la pobreza laboral”.

“El abanico de contratos a disposición de las empresas debe simplificarse y han de aclararse las condiciones en las que se puede recurrir a contratos temporales, como, por ejemplo, para empleos estacionales o de formación”, recomienda la OCDE. Asimismo, los incentivos a la contratación “han de dirigirse a los grupos más vulnerables”, “estar limitados en el tiempo”, y estar vinculados a “programas de formación, de tal forma que constituyan un peldaño para acceder a puestos de trabajo más estables”.

La OCDE pide elevar la edad de jubilación

Entre los desafíos a los que se enfrenta la economía española está asimismo el envejecimiento de la población, con “la duplicación de la tasa de dependencia de la tercera edad de aquí a 2050”. Por ello, pide medidas “socialmente aceptables” para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones. “Por ejemplo, la edad de jubilación podría vincularse a la esperanza de vida”, señalan los autores del informe. “La edad efectiva de jubilación puede seguir retrasándose desincentivando la jubilación anticipada e introduciendo nuevos incentivos para prolongar la vida laboral, por ejemplo incrementando el número de períodos de cotización requeridos para cobrar la pensión íntegra”.

Estas medidas “deberían ir acompañadas de otras encaminadas al reciclaje profesional de los trabajadores de más edad”, advierte la OCDE.

Consolidación fiscal e impuestos verdes

El ‘club de los países ricos’ pide también un proceso de consolidación fiscal para frenar el crecimiento de la deuda pública, si bien este debe ser “gradual” para “evitar un descarrilamiento de la recuperación”. Este proceso debe afectar “a todos los niveles de la administración”.

En ese sentido, la composición y la eficiencia del gasto público pueden mejorarse con el objetivo de tener margen para aumentar la inversión pública a medio plazo”. “La falta de evaluación de las políticas, también en los niveles subnacionales de gobierno, puede ser un obstáculo para redirigir el gasto a usos más productivos”, avisan los autores.

En materia fiscal, la OCDE considera además que “hay margen para mejorar la fiscalidad ambiental” con el doble objetivo de “ahorrar energía e incrementar la recaudación tributaria”. Así, “la tasa del impuesto que grava los combustibles en sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea es baja en comparación con otros países”. Por ello, “una vez la economía entre en una senda de recuperación clara, la tributación de los combustibles debe incrementarse para reflejar mejor las emisiones de CO2”. Al mismo tiempo, “deben adoptarse medidas de redistribución que favorezcan a los hogares más pobres”, señala el informe.

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