Quirófano
El Ministerio de Hacienda aseguró el pasado viernes que si el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, no firmaba el acuerdo de no disponibilidad planteado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Gobierno intervendría la cuentas de la Generalitat de Cataluña para garantizar el pago de los servicios básicos y de las nóminas de los funcionarios, entre otras cuestiones.
Con la intervención de los 1.400 millones de euros mensuales que recibe la Generalitat como parte del proceso de financiación autonómica, Hacienda pagaría directamente a los proveedores para evitar dotar al Govern de recursos monetarios que pudieran ser destinados a la organización del referéndum del 1 de octubre.
EL gobierno catalán recurrió esa decisión (orden ministerial) al Supremo, que este martes admitió a trámite el recurso, pero sin otorgar efectos suspensivos a la medida. A pesar de ello, miembros de la Generalitat aseguran a EL BOLETÍN que la hoja de ruta se mantiene y que no tienen intención de enviar al Ministerio de Hacienda la justificación de sus gastos ni información de su personal.
Esta circunstancia dificulta la posibilidad de que Hacienda pueda abonar las nóminas de los funcionarios, ya que, tal y como confiesa a Europa Press, no dispone de toda la información necesaria (nombres, registro, cuentas bancarias) para hacerlo.
En ese sentido, funcionarios del Ministerio insisten a la Generalitat para que les faciliten esos datos, aseguran diversos medios.
El Govern asegura estar en plena capacidad económica para sufragar esas nóminas. Sin embargo, sus cuentas están intervenidas y los bancos advertidos de que cualquier pago procedente de la Generalitat debe ser aprobado por Hacienda.
En aras de impedir esa ejecución ministerial, el Ejecutivo de Puigdemont ha comunicado por vía administrativa a las entidades financieras que no bloqueen las cuentas de la Generalitat.
Además de las nóminas, si el Govern no facilita a Hacienda información correspondiente a los servicios básicos, Montoro no podrá ejecutar la orden de pago a proveedores y, por tanto, tampoco podría sufragar esos servicios.
Orden de Hacienda
Según la orden del Ministerio de Hacienda, el Govern debe facilitar “una relación de acreedores con los que la Comunidad Autónoma tiene obligaciones pendientes de pago por importe equivalente al que le corresponde en su participación en las entregas a cuenta de los regímenes de financiación, indicando el capítulo y programa presupuestario al que corresponde”.
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