Educación

La Marea Verde lanzará una campaña informativa sobre los problemas en la educación madrileña

La Plataforma Regional por la Escuela Pública advierte de que “se han agravado los graves problemas que se venían generando” en Madrid.

    Ángel Garrido en el colegio concertado Nazaret Oporto

    El fin de la legislatura en Madrid se acerca. Las elecciones autonómicas aparecen en menos de medio año y la Marea Verde no ha querido pasar por alto en qué situación queda la educación pública madrileña. La “preocupación” no ha tardado en asomar: “No se han solucionado los graves problemas que venían generándose, sino que se han agravado”.

    La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha advertido de que las políticas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid únicamente persiguen un fin: “La privatización de las enseñanzas, tanto universitarias como no universitarias”.

    La Marea Verde ha puesto sobre la mesa cómo el programa bilingüe, la “falta de control” de los conciertos educativos, la masificación de las aulas, el cheque-bachillerato para la concertada o las escuelas públicas “rodeadas de obras” invitan a pensar en esa privatización que denuncian.

    Ante esta serie de problemas, la Plataforma Regional ha manifestado que “se siente en la obligación” de iniciar unas campañas informativas sobre la “situación real de la escuela pública”. “Buscamos el fin de que la ciudadanía, desde el sentido crítico y la reflexión, opte por una opción que defienda el sentido de lo público”, han destacado.

    Por último, la Marea Verde ha instado al Gobierno de Ángel Garrido a que, durante el periodo preelectoral, “gobierne para todos los ciudadanos y no solo desde un punto de vista meramente partidista”.

    Mientas tanto, PP y Ciudadanos han dejado para 2019 un presupuesto récord para la escuela concertada. Este modelo ha pasado de recibir 793 millones de euros en 2009 a 1.052 el próximo curso.

    Una cifra que vienen acompañadas de una serie de medidas dirigidas a la concertada como financiar que contraten a sus propios orientadores o el cheque-bachillerato denunciado por la Plataforma Refional.

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