Grifo
La decisión del Tribunal Supremo de dar validez a la empresa mixta Aigües de Barcelona, encargada de gestionar el agua de Barcelona y de otros 23 municipios, no han frenado las ganas de remunicipalización. El 80,6% de los catalanes reclaman que el servicio sea cien por cien público.
El Instituto Gesop, especialistas en estudios de mercado, investigación social y opinión pública, ha podido comprobar cuál es la percepción de la ciudadanía sobre la mejor manera de gestionar el agua. Y la realidad es que, tras más de 1.600 entrevistas, la mayoría de la población catalana se ha inclinado por la gestión pública.
El estudio, encargado por la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP), es contundente por todo el territorio catalán. De hecho, en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) -cuya gestión del agua está en manos de Agbar en un 70% gracias a la empresa mixta Aigües de Barcelona- el 75,5% de los encuestados pide la remunicipalización.
“Los resultados son abrumados”, recuerdan desde AMAP. En el opuesto contrario, el 11% de los preguntados por el Instituto Gesop se ha posicionado a favor de la privatización del agua. Una gestión pública de este servicio que ha cosechado su mayor apoyo (85,3%) en aquellos municipios donde ya se ofrece esa gestión pública.
Respecto a los ciudadanos que viven en zonas con el agua privatizada, el apoyo es únicamente de ese 11%, mientras que los que tienen una gestión mixta es del 11,7%. “La mayoría es muy sólida porque también el modelo lo es”, aseveran desde AMAP tras insistir que la gestión pública tiene “un apoyo muy mayoritario y un consenso social”.
Un estudio que se publica en la misma semana en la que el Tribunal Supremo ha endosado un ligero revés a la lucha contra la privatización del agua. En Madrid se confirmar o no la ilegalidad de la empresa mixta Aigües de Barcelona después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) detectase numerosas irregularidades.
Sin embargo, el alto tribunal falló a favor de los intereses de la empresa mixta; sentencia que supone, sobre todo, un respiro para los intereses privados de la multinacional Agbar.
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