“Acuerdo por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario”. Con estas escuetas palabras y sin mucha más explicación por parte de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el Consejo de Ministros dio el pistoletazo de salida este viernes a una carrera contrarreloj para aprobar la Ley Hipotecaria y evitar una cuantiosa multa europea.
Antes del 21 de marzo de 2016 debería haber entrado en vigor una Ley Hipotecaria que transpusiera la directiva europea, pero en el caso de España su aprobación se vio entorpecida primero por las dificultades de formar gobierno y la repetición de las elecciones generales; y posteriormente por la dificultad de aunar puntos de vista en un tema tan sensible -y con tantos intereses contrapuestos- como es el de la vivienda.
Desde noviembre de 2017 pende sobre España la amenaza de una multa de 105.000 euros diarios, que podría hacerse efectiva si no se aprueba el texto antes de finales de este año. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, fue el encargado el año pasado de presentar el proyecto de ley de la nueva normativa, pero ni él -que dio el salto a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE)- ni su sucesor, Román Escolano, lograron llevar a puerto el texto, por lo que la responsabilidad recae ahora sobre los hombros de Nadia Calviño.
La propia ministra señalaba el mes pasado, en una entrevista concedida a El País, que la ley hipotecaria es “uno de los asuntos más urgentes” para el nuevo Gobierno ante la posibilidad de una multa europea al respecto. “Hemos recibido unas 200 enmiendas; estamos analizándolas para lograr una negociación lo más fluida posible y evitar una decisión negativa por parte de la justicia europea”, señalaba entonces Calviño.
Tal y como la dejó redactada Guindos, la ley hipotecaria propone abaratar las comisiones, facilitar el paso del tipo variable al tipo fijo y otorgar más protección al hipotecado tras el escándalo de las cláusulas suelo. Sin embargo, parece no haber contentado a nadie del todo: por un lado, la banca llegó a señalar que podría “lesionar gravemente” al sistema hipotecario español, mientras que por el otro las plataformas sociales consideran que no llega lo suficientemente lejos para evitar los desahucios.
Dadas las muchas enmiendas presentadas al texto, el carácter final que adopte la nueva norma podría variar mucho de los preceptos iniciales planteados por el anterior Gobierno.
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