España aprobó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de la eutanasia el pasado 17 de diciembre, con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. De esta forma se convierte en uno de los pocos países que han dado pasos en la legislación de este “nuevo derecho” como lo califican desde la asociación Derecho a Morir Dignamente.
Una vez, pase el proyecto por el Senado el país se sumará a otros que ya han adoptado la eutanasia en su legislación como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Holanda.
“Vemos la aprobación de esta ley como un paso inmenso”, explica Loren Arseguet, miembro de Derecho a Morir Dignamente. “Veníamos de una situación en la que no había ninguna posibilidad de decidir, a menos de que dependieses de una medida de soporte vital, ya que en ese caso podías pedir la suspensión de esa medida, aunque provocara la muerte”, concreta.
Sin embargo, para la asociación la ley es demasiado “garantista”: “Esperábamos algo más amplio, porque la ley excluye a menores y a las personas con enfermedades mentales. Pensamos que es poco valiente porque ya hay experiencias previas de este tipo en países como Bélgica o Países Bajos, donde son pocos casos, pero muy dramáticos”.
La legislación a nivel mundial no está en el mismo punto en todos los países, algunos de ellos han dado su visto bueno al suicidio asistido, otros en cambio, como el caso español, han avanzado hacia una ley de eutanasia más completa, aunque también con sus modificaciones pertinentes.
Para Arseguet la principal diferencia entre las leyes es las que exigen que el paciente esté terminal y las que no tienen esa exigencia.
“Las que reclaman un estado terminal, piden seis meses de plazo en caso de enfermedad física y doce si son neurodegenerativas como la ELA o el Parkinson”, concreta Arseguet. Entre los países con esta condición en su marco legal se encuentra Canadá. “Allí se está discutiendo la ley, porque una sentencia judicial declaró esta limitación anticonstitucional. Entonces ahora mismo hay un proyecto de modificación de la ley en el senado para quitar la terminalidad”, añade.
“Por otro lado, están las leyes recientes de doce estados australianos y Nueva Zelanda, en donde no han entrado en vigor todavía y son leyes que no exigen el estado terminal, pero que restringen mucho el acceso”, comenta.
En cuanto al suicidio asistido, es una práctica aceptada en diez estados de Estados Unidos, en Suiza y en los países como Holanda, Países Bajos y Bélgica, a los que se sumaría en el futuro España.
“En el suicidio asistido necesitas un médico para corroborar que cumples los requisitos de la ley, luego es el médico quien te extiende una receta y tú mismo te tomas la medicación, mientras que con la eutanasia el médico está presente y te inyecta el medicamento”, detalla Arseguet. En este sentido, en Bélgica, Países Bajos y Luexemburgo el médico también estaría presente en el suicidio asistido.
“En general, aunque sus leyes permiten las dos opciones, lo que se hace es eutanasia porque da mucha más seguridad. La inyección hace que el producto sea más efectivo y haya menos efectos colaterales. En el suicidio asistido, el paciente puede vomitar el producto o tener reacciones no previstas al mismo”, marca.
El control previo por las Comunidades Autónomas
Desde Derecho a Morir Dignamente destacan que la principal diferencia de España con los otros países europeos en materia de eutanasia es el método de control. “Para nosotros es ahí donde está el gran problema de la ley española”, explica Arseguet.
“En Países Bajos y Luxemburgo, entre otros, el control se hace a posteriori, después de realizar la eutanasia, es decir, hay una real confianza en la relación médico paciente. Allí pides este procedimiento, tu médico evalúa si cumples los requisitos, y esto se corrobora por un segundo médico independiente”, detalla.
En España el control se hará antes de realizarse la eutanasia. “Una vez los médicos han dicho que sí, tiene que intervenir una comisión que nombra a otro médico y a un jurista para decidir si van a dar luz verde”, dice Arseguet. Para ella, el problema reside que las comisiones serán nombradas por los gobiernos autonómicos: “Van a ser ellos quienes determinen las reglas de funcionamiento de la comisión, lo que puede introducir desigualdades entre las distintas comunidades autónomas”.
