Currently set to Index
Currently set to Follow

La Justicia europea da la razón a Bruselas y confirma la multa a Google de 2.420 millones

Google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado este miércoles la multa de 2.420 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a la multinacional tecnológica Google por abuso de posición dominante a través de su servicio de comparación de precios, Google Shopping.

El caso se remonta a 2017, cuando Bruselas acusó a Google de favorecer sus propios servicios de comparación y le impuso una multa de 2.420 millones de euros por infringir las normas antimonopolio. La empresa, unidad del gigante estadounidense Alphabet, presentó un recurso que ahora ha sido desestimado, si bien la sentencia todavía puede ser recurrida ante el más alto tribunal de la justicia europea.

“El Tribunal General desestima la mayor parte del recurso presentado por la compañía y confirma la multa impuesta por la Comisión”, ha señalado el tribunal en un comunicado.

En ese sentido, “concluye que, al favorecer su propio servicio de comparación de precios en sus páginas de resultados generales mediante una visualización y un posicionamiento más favorables, al tiempo que relegaba los resultados de los servicios de comparación de la competencia en esas páginas mediante algoritmos de clasificación, Google se apartó de la competencia por sus méritos”.

Además, la sala también confirma la multa en 2.420 millones de euros. “El Tribunal General concluye su análisis declarando que el importe de la sanción pecuniaria impuesta a Google debe ser confirmado”, apunta.

El veredicto del miércoles puede ser recurrido y llevado al más alto tribunal de la UE.

El precedente legal

No es la primera vez que la justicia debe pronunciarse sobre un caso antimonopolio presentado por la Comisión Europea y dirigido a un gigante tecnológico, pero sí supone la mayor victoria en los tribunales del Ejecutivo comunitario.

El año pasado, la sala dictaminó que Bruselas no había podido demostrar que el Gobierno irlandés diese una ventaja fiscal a Apple, después de que la Comisión ordenara a Irlanda recuperar 13.000 millones de euros del fabricante del iPhone en 2016. El Ejecutivo comunitario decidió apelar la decisión, llevándola al más alto tribunal de la UE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde el caso aún no ha sido resuelto.