La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Santa Cruz de Tenerife, “sin entrar en el fondo de la cuestión sobre el ajuste a la legalidad del protocolo, entiende que concurren circunstancias de especial urgencia que legitiman la adopción de la medida interesada por la Fiscalía”, detalla en una nota.
“Lo primero que cumple advertir es que no se incluyen entre las disposiciones incorporadas el protocolo territorial una previsión expresamente encaminada al establecimiento del momento de inicio de la eficacia (o entrada en vigor) de las actuaciones dispuesta en el mismo”, dice el auto, “por lo que, a falta de una previsión de la indicada índole, nada parece impedir que se pueda pretender la exigibildad de tales actuaciones de forma inmediata, esto es, a partir del momento mismo de la publicación oficial del protocolo”.
En esta situación, entiende la justicia canaria que se debe declarar procedente la petición de la Fiscalía de suspender cautelarísimamente la aplicación del protocolo.
Establecida la suspensión cautelar, la Sala da traslado a la comunidad de su decisión provisional para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente, de cara a una posterior decisión de la Sala en los próximos días.
