“Mi conclusión principal es que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada”, ha señalado la juez Collins Rice.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez ha indicado que tampoco está convencida de que el demandado se haya sometido, o deba considerarse que se ha sometido, a la jurisdicción del Tribunal Superior por su propia conducción de este litigio hasta el momento.
La decisión se ha dado a conocer este viernes después de que el pasado julio el tribunal escuchara las alegaciones de la defensa de Juan Carlos I, a cargo del bufete británico Velitor Law.
La defensa del emérito pidió que se desestimara
El equipo jurídico del rey emérito solicitó entonces que se desestimara la demanda de Larsen al considerar que los tribunales de Reino Unido no eran los competentes para conocer de esta demanda. La defensa se basó en el artículo 4 de la regulación de la UE sobre jurisdicción, el cual establece que las personas domiciliadas en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, deben ser demandadas ante los tribunales de ese país.
Los abogados expusieron en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que dicha regulación comunitaria operaba en este caso concreto porque se inició antes de que acabara el periodo de transición para el Brexit, fijado hasta el 31 de diciembre de 2020.
Así, insistieron en que los tribunales españoles eran los competentes para ocuparse de la demanda de Larsen. A ello, añadieron que “la cuestión clave” era si, en relación con los supuestos actos de acoso, Reino Unido era el lugar donde se produjo el presunto ‘evento dañino’ o el ‘daño directo’, algo que, según apuntaron, los abogados de Larsen no habían demostrado.
Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa fue “la evidente falta de credibilidad de la demandante”. A este respecto, pusieron de relieve que Larsen había solicitado permiso para hacer una nueva modificación a su demanda original. “Como sus predecesoras, es incoherente, internamente contradictoria y manifiestamente mala en términos legales”, apuntó la defensa del rey emérito.
