Energías renovables
Así, la cifra exacta asciende a 83,7 millones de euros, de los cuales 79,98 millones de euros se corresponden con los pagos pendientes a Enaire por el servicio de gestión y manejo del tráfico aéreo en España durante el pasado mes de junio.
Las mismas fuentes indicaron que la orden de embargo seguirá en vigor hasta que se resuelva la situación, lo que significa, por ejemplo, que los pagos de los próximos meses también quedarían bloqueados, a la espera de la resolución de la controversia.
Además, estimaron que es previsible que otros inversores afectados se sumen a estas acciones, puesto que la Justicia belga permite que otros acreedores se sumen a la reclamación y se beneficien de esta medida de protección que busca evitar nuevos impagos.
El pasado mes de junio se conoció que la Justicia belga había autorizado el embargo de 32 millones a España por los impagos de las renovables y su cobro por parte del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments.
Los tribunales belgas seguían así los pasos de los británicos y autorizaban el embargo de los ingresos que obtiene el Reino de España a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo.
Los tribunales británicos ya han reconocido en el pasado la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.
En esta nueva decisión, la Justicia belga respondía a una petición presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos, titular del caso Infrared.
No obstante, el Gobierno ya señaló que se opondría a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional.
Además, consideraron que el fondo americano, contraviniendo el Derecho de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado y con pleno conocimiento de la obligación del Reino de España de no efectuar ningún pago derivado de los laudos impuesta por la Comisión Europea, solicitó la ejecución del laudo a las autoridades jurisdiccionales belgas, instando al embargo de los derechos de crédito que Enaire, entidad encargada de prestar servicios de navegación aérea, ostenta frente a Eurocontrol, organismo internacional.
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