Black Friday
En concreto, según ha informado este miércoles el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, el TSJM se ha pronunciado ante los recursos presentados por una de las siete empresas sancionadas por estas prácticas.
La compañía, que recurrió ante el TSJM, solicitó medidas cautelares para no tener que hacer frente a la sanción mientras se resuelve su recurso, pero el tribunal las ha desestimado en dos autos, prohibiendo que siga llevando a cabo esta práctica, y obligándola, además, a depositar un aval de 110.000 euros por la multa económica, recoge Europa Press.
«De esta manera, y como ya ocurriera con la retirada de anuncios ilegales en Airbnb, la justicia vuelve a respaldar las actuaciones del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy en materia de protección a los consumidores ante prácticas abusivas”, subraya el Ministerio.
En esta ocasión, las falsas rebajas consistieron en que las empresas sancionadas subieron el precio de varios productos antes del ‘Black Friday’ para luego bajarlos a su precio original y ofertarlos como si fuera un descuento.
El Ministerio recuerda que esta práctica supone un incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que estipula que, a la hora de mostrar el descuento de un producto, se debe indicar como precio de referencia el menor precio que haya tenido ese producto en los 30 días anteriores al descuento.
Tres de las siete empresas sancionadas admitieron haber realizado estas prácticas engañosas, mientras que las cuatro restantes presentaron recurso.
Las sanciones impuestas por Consumo, que en su conjunto se acercaron a los 350.000 euros, corresponden a falsas rebajas llevadas a cabo en el año 2023 por empresas que comercializan de forma ‘online’ sus productos y que pueden adquirirse en tiendas y en grandes superficies, como electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética, según la citada agencia.
Para monitorizar los precios de estos productos, la Dirección General de Consumo utilizó ‘Price Reduction Tool’, una herramienta desarrollada por la Comisión Europea que permite controlar en tiempo real si las ofertas realizadas en épocas de elevado consumo cumplen con la normativa sobre indicación de precios.
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