juzgados de plaza de castilla
En el procedimiento judicial se investigan presuntas irregularidades detectadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid en las obras realizadas en algunos centros de Formación Profesional de la región.
En una providencia dictada el 26 de enero, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada llama a declarar el próximo 11 de marzo como investigado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción al exdirector de Secundaria José María Rodríguez Jiménez. De igual modo, cita como testigos a directores de institutos.
En concreto, se cita a las personas que, en la fecha de los hechos, ocupaban los cargos de directores de la Escuela de Arte Alberto Corazón, IES Antonio Machado, Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, IES Príncipe Felipe, IES Virgen de la Paloma, IES Ciudad de los Poetas e IES Tetúan de las Victorias. También se llama a comparecer en calidad de testigo a la directora a la fecha de los hechos de IES San Fernando.
En el marco de la instrucción, el empresario que destapó el ‘caso FP’ manifestó a la magistrada durante su declaración judicial que el procedimiento de facturación venía marcado por los equipos directivos de los centros de Formación Profesional.
Fue precisamente este empresario, dueño de la empresa Virelec, el que denunció el caso tras reclamar en septiembre de 2023 al Gobierno regional el pago de 1,4 millones de euros por trabajos ejecutados.
El empresario, que ejecutaba los proyectos de las obras, detalló a la jueza cómo comenzó el caso después de que reclamara a través de burofax los impagos, lo que le llevó a reunirse con dos asesores de la Comunidad de Madrid y propiciara que la Consejería de Educación activara una investigación, según la citada agencia.
También dentro de la causa, la jueza escuchó por otro lado los testimonios de dos directores de centros educativos de Formación Profesional y el exsubdirector general de FP de la Comunidad de Madrid durante 2021-2023, quienes apuntaron durante su declaración judicial a altos cargos de la Consejería de Educación.
En concreto, manifestaron que no tenían competencia “ni para recibir el dinero, ni para implantar los ciclos formativos, ni para ejecutar ningún tipo de gasto en obras, sino que les llegaban unos conceptos por los que tenían que gastar un dinero que les era ingresado en la cuenta del instituto, con unas facturas y lo que hacían era ejecutar esas órdenes que les llegaban”.
La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en marzo del pasado año 2024, envió un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigara las presuntas irregularidades detectadas en las obras de reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar y la implicación en las mismas de distintos funcionarios públicos.
Fue la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la que avanzó que el Ejecutivo madrileño se iba a personar cuando la instrucción lo permitiera. En concreto, reivindicó que fue el Gobierno autonómico quien acudió a Fiscalía para “investigar irregularidades detectadas” en varios centros ante la posibilidad de que se hubieran “fraccionado contratos”.
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