Tribunal Supremo
Este martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara la jubilación forzosa del magistrado por cumplir la edad legalmente establecida este 14 de marzo.
Fuentes jurídicas indican a Europa Press que con la salida de Arroyo Fiestas sigue menguando la Sala de lo Civil, que pasa de 9 a 8 magistrados. Según recoge la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, esta Sala debería estar compuesta por 10: un presidente y 9 magistrados.
Con la jubilación de Arroyo Fiestas ya son 20 las vacantes en el Supremo, que sufre bajas en casi todas sus Salas. De momento, la única intacta es la Sala de lo Penal, que sufrirá su primera baja en abril.
La Sala de lo Contencioso cuenta con 22 de los 33 magistrados que debería de tener y en 2023 espera una nueva jubilación. La de lo Social cuenta con 8 de los 13 que le corresponde y en julio sumará una nueva vacante. La de lo Militar tiene 6 de los 8 magistrados que debería tener y en septiembre contará con uno menos.
Ante este escenario, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado febrero solicitar al Ministerio de Justicia –dirigido por Pilar Llop– que autorizase la creación de 15 nuevas plazas de letrado para dar apoyo a dos de las Salas del Supremo que acumulan un gran número de vacantes.
La Comisión explicó que, en concreto, es necesaria la creación de 8 plazas de letrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de 7 en la Sala de lo Social. La función de esos letrados sería asistir a las Secciones de enjuiciamiento mediante el estudio y documentación de asuntos pendientes, permitiendo así que se dicte un mayor número de sentencias. Según el informe del Gabinete Técnico, sólo entre esas dos salas se dictarán en el año 2023 un total de 1.230 sentencias menos –570 en Contencioso y 660 en Social–.
En esta coyuntura, en el Supremo permanecen a la espera de dos cosas: un acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ, de modo que pueda recuperarse la dinámica de nombramientos discrecionales; o que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si es constitucional o no la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que desde 2021 impide al órgano de gobierno de los jueces designar cargos en la cúpula judicial.
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