Así lo señala un reciente análisis publicado por la ONG sobre el gasto sanitario, en el que lamenta que en doce años (de los citados 2009 hasta 2021) la inversión pública solo se ha incrementado un 5%, mientras que el gasto de las familias en la privada ha subido un 27%. Para Amnistía, “el Sistema Público de Salud enfrentó la pandemia en una situación de gran fragilidad, pues había perdido, en 2019, un 6% de gasto sanitario público frente a 2009”. Y tras lo más duro del Covid, en 2021, “el gasto sanitario público se vio reducido con respecto al año anterior en un 1,44%”.
Algunas comunidades, como Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid, fueron las que más inversión perdieron entre 2020 y 2021 (un 6,4%, 3,4% y un 3,3% respectivamente). Frente a ellas, solo la Región de Murcia y Canarias incrementaron la inversión en un 2% y un 1,3%.
Evolución en España del gasto sanitario público (Gasto público total):
Respecto a la citada Atención Primaria, la organización destaca que “a pesar de que los organismos internacionales han alertado durante años de que este nivel asistencial es esencial para garantizar el derecho a la salud de las personas y debe ser la piedra angular de los sistemas públicos de salud, España sigue sin recuperarse de la crisis económica”. Y es que más de una década después cuenta con un 0,25% menos de fondos que en 2009.
Evolución en Espala del gasto sanitario público (Gasto público en Atención Primaria):
Según este informe, las comunidades que destinan menos porcentaje a este servicio son la Comunidad de Madrid, Galicia, Asturias y Aragón. Las que más, Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra, Castilla y León y La Rioja.
“No solo la pandemia debería haber hecho saltar las alarmas. También la crisis climática y sus efectos en la salud nos deberían alertar de que es necesario incrementar la inversión en sanidad, y de manera especial en la Atención Primaria, con la finalidad de tener un sistema de salud mejor preparado para posibles futuras crisis”, apunta Marta Mendiola, investigadora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.
La organización exige una mayor inversión a las Comunidades que “tienen muchísima responsabilidad en la situación de la Atención Primaria”. “Se necesita de una vez un compromiso político y un acuerdo entre las Comunidades y el Ministerio de Sanidad para incrementar el gasto en Atención Primaria, aumentar el ratio de personal médico y de enfermería y reducir listas de espera”, añade Mendiola.
Ratio de personal médico y enfermería
En relación a las plantillas sanitarias, Amnistía recuerda que la ratio de personal médico en Atención Primaria por cada mil habitantes “es prácticamente la mismo en 2021 que en 2009” (0,77 frente a 0,74). Y lo mismo sucede con la ratio de personal de enfermería (0,66 frente a 0,61).
Esta falta de inversión tiene consecuencias directas para la ciudadanía. Entre ellas, las listas de espera. “España no cumple con las recomendaciones del propio marco estratégico para la Atención Primaria y comunitaria de 2019”, asegura la organización, que explica que aconsejaba “garantizar que las demandas de atención no urgentes se hagan en menos de 48 horas”. En este sentido, “únicamente el 27% de las peticiones de consulta se resuelven en ese tiempo”.
“Es realmente preocupante que intentar pedir una cita con más o menos urgencia sea una odisea, y tener que soportar finalmente el retraso con el que te la dan. Pero es que además hay comunidades como Canarias (con solo el 12% de peticiones que se atienden en menos de 48 horas), Andalucía (17,6%), Islas Baleares (17,9%) y la Comunidad de Madrid (18,2%), donde esta situación es más alarmante aún”, lamenta Mendiola.
Respecto al gasto por habitante en sanidad y en comparación con otros países de la UE, Amnistía detalla que España ocupa una posición intermedia: el puesto 13 de los 27, con un gasto de 2.537,76 euros por habitante. Se sitúa, por tanto, “muy alejado” de países como Dinamarca (5.642,26€), Suecia (5.260,21€), Alemania (5.192,41€) y Países Bajos (5.108,39€), según los últimos datos de Eurostat, correspondientes a 2020, “que se presentan en valores corrientes, es decir, sin tener en cuenta la inflación”.
