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La iniciativa para tumbar la regla de gasto en ayuntamientos con superávit mide apoyos en el Congreso

La proposición de ley que presentó Unidos Podemos para tumbar parte de la regla de gasto que afecta a los ayuntamientos con cuentas saneadas comienza hoy su trámite parlamentario con la primera prueba de fuego para medir sus apoyos y lograr que se siga debatiendo en el Congreso.

La formación presentó la iniciativa simbólicamente apoyada, de manera presencial, por representantes de los consistorios de Madrid, Zaragoza, Valencia o la Coruña, entre otros “ayuntamientos del cambio”, y pide modificar los criterios de la ley de estabilidad presupuestaria que permite al Ministerio de Hacienda reprimir el gasto en las administraciones locales aunque sus cuentas estén saneadas y tengan superávit.

La sonada lucha entre Montoro y el ayuntamiento de la capital inició este debate parlamentario para que consistorios y corporaciones locales con cuentas saneadas puedan usar el superávit en políticas públicas. Los de Pablo Iglesias confían en contar con el apoyo del PSOE para que la iniciativa siga adelante, además del apoyo por confirmar de Compromís, ERC, Bildu y PdeCAT. Será el propio Iglesias, líder de Podemos, el encargado de defender la propuesta en el hemiciclo en la tarde de este martes.

La modificación de la regla de gasto es una reivindicación recurrente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que no pretende suprimirla sino reformarla y hacerla más flexible, de forma que los ayuntamientos, las únicas de las tres administraciones que cumplen con los objetivos de déficit y deuda, puedan reinvertir su superávit, recuerda Efe.

El pleno tramita hoy esta proposición de ley gracias al despiste del PP: el partido del Gobierno llegó tarde a la Mesa del Congreso para vetar la proposición. Lo hizo fuera de plazo y por tanto la propuesta debe debatirse.

De hecho, el veto del Gobierno a la iniciativa se presentó en el registro del Congreso cuatro minutos después de haberse cumplido el plazo de un mes para registrarlo, por lo que la Mesa no aceptó el escrito remitido por el Ejecutivo.

La Constitución otorga al Gobierno la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que, a su juicio, afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, según considera, sucede con esta iniciativa para que los ayuntamientos con las cuentas saneadas puedan invertir su superávit.

Según la iniciativa de Unidos Podemos, la regla no se aplicaría en las corporaciones locales que cumplan con los objetivos de estabilidad, entendida ésta como un nivel de endeudamiento inferior al 110 por cien de los recursos corrientes y un plazo medio de pago a proveedores inferior a 30 días.

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E.B.

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