María Josefa Aguado, diputada del PP en la Asamblea de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha vuelto a señalar al Partido Popular de Cristina Cifuentes. El magistrado ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una exposición razonada contra la diputada popular en la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado por su presunta participación con la trama Gürtel mientras estaba presente en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Una mirada que De la Mata ya realizó a finales de noviembre de 2016 cuando reclamó a la parlamentaria que declare “de forma voluntaria, en condición de investigada por delitos de prevaricación y fraude”.
De la Mata ha señalado en la exposición razonada, tal y como ha podido conocer poderjudicial.es, que “la actividad presuntamente delictiva de la aforada, María Josefa Aguado del Olmo”, tiene que ver con la organización de las ‘X Olimpiadas Escolares’. Y es que el magistrado no ha pasado por alto que la actual diputada madrileña adjudicó el evento a empresas del Grupo Correa “a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento”.
De esta manera, el juez ha enviado dicho escrito al TSJP para que determine si reclama el conocimiento respecto de las personas investigadas no aforadas que están vinculados con estos hechos. A pesar de ello, De la Mata ha recalcado que la parlamentaria del grupo popular que dirige Cristina Cifuentes tuvo decisiones en su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey “objetivamente arbitrarias”: “Todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa”.
Unos movimientos de Aguado que, según el magistrado, fueron realizados para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más beneficiosa para los intereses municipales y, por tanto, para los intereses generales. Unos requisitos que pudo saltarse la popular gracias al fraccionamiento “de forma sistemática” de los contratos para que fueran contratos menores y así poder adjudicarse a dedo.
“En definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos”, ha remarcado De la Mata.
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