En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha explicado que es la propuesta formulada por el Grupo de Trabajo para la garantía del derecho a la vivienda, que planteó al Govern la necesidad de seguir prorrogando la suspensión de los desahucios en los casos de vulnerabilidad social y económica.
El Ejecutivo catalán también reitera su compromiso con la protección del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos, sobre todo de las personas en situación de exclusión residencial y vulnerabilidad social.
Así, el Govern ya aprobó en noviembre un decreto para reforzar la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia, con el que los desahucios quedaban “explícitamente suspendidos hasta que el gran tenedor o entidades financiera propietaria de la vivienda ofreciera un alquiler social”.
Antes que terminara el estado de alarma, recuerda Europa Press, el Gobierno aprobó un nuevo Real Decreto Ley que alargaba hasta el 9 de agosto la moratoria de los desahucios, facultando al juez la suspensión de éstos en casos de vulnerabilidad social o económica acreditada siempre que fuera una vivienda propiedad de grandes tenedores. No obstante, la norma no permite descartar que, en los próximos meses, haya un incremento importante de desahucios.