La Generalitat cree que el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo debe paralizar las intenciones del Ministerio de Hacienda de controlar sus cuentas hasta que el propio Supremo se posicione, que podría suceder dentro de meses.
El acuerdo de no disponibilidad planteado por el Ministerio de Hacienda en un ultimátum de 48 horas que termina este martes, plantea que las cuentas catalanas y los servicios básicos pasen a estar bajo control ministerial, para garantizar de esta forma que ningún euro del Estado se emplea para financiar el referéndum del 1 de octubre.
Sin embargo, el Govern confiesa a EL BOLETÍN que “por doctrina jurídica, el acuerdo no debería ejecutarse hasta que el Supremo se posicione”. Esto es, según la Generalitat, Hacienda no debería intervenir las cuentas catalanas hasta que esta instancia judicial falle, “para no perjudicar a la persona que presenta el recurso”, asegura un funcionario.
Hasta entonces, según el Govern, deberían ejecutarse las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo de Carles Puigdemont.
Fuentes judiciales rechazan la teoría
Fuentes judiciales a las que ha tenido acceso EL BOLETÍN han asegurado que la posición del Govern se aleja de la realidad judicial, ya que “las medidas cautelares son aplicables si se acredita un prejuicio irreparable. Y no es el caso”, confiesa un magistrado a este diario.
“Un daño irreparable, por ejemplo, sería el derrumbe de una casa. En este caso, si el Supremo resuelve dentro de unos meses en favor de la Generalitat, será fácil de reparar”.
Por tanto, según diversas fuentes consultadas, “este recurso no tiene efectos suspensivos”.
El Supremo, a la hora de analizar el recurso, no se puede meter en el fondo del asunto. Solamente puede estipular los prejuicios que puedan ocasionar una decisión futura.
