La Fundación Francisco Franco pide al Supremo que devuelva al dictador al Valle de los Caídos

Según informa la Fundación en un comunicado, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se reunirán el próximo 7 de julio para deliberar los recursos interpuestos contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 por el que se acordó la exhumación de Franco de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

La Fundación Francisco Franco, la Comunidad benedictina y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, así como la familia del dictador, interpusieron sendos recursos contra el mencionado acuerdo del Gobierno y solicitaron la medida cautelar de paralizar la ejecución del acuerdo del Gobierno. El Supremo rechazó esta pretensión y permitió la exhumación, pero aún queda pendiente resolver el fondo del asunto.

Los recurrentes también impugnaron el acuerdo de Gobierno de 11 de octubre de 2019 por el que se ordenó el inicio de las operaciones necesarias para la exhumación y posterior reinhumación en el cementerio de Mingorrubio, y no en la cripta de La Almudena, como indicó la familia.

Tras conocer la fecha en la que previsiblemente la Sala se reunirá para estudiar los escritos que impugnan las decisiones del Gobierno, la Fundación señala que de esta reunión se podrá sacar dos conclusiones: «o todo resulta un esperpento», o que «va a corregir su grave error jurídico».

«LA CORRECCIÓN ES LEGALMENTE POSIBLE»

«La corrección es legalmente posible. Otra cosa es que se atrevan, después de lo que ya permitieron», dice la Fundación que acusa al Supremo de haber «dado tanto oxígeno a los actuales gobernantes liberticidas, que ahora se creen con superioridad moral para dar lecciones de historia, orden y respeto a la ley a la mitad de los*españoles».

Para la Fundación, la «corrección» es posible por la composición del tribunal que estudiará los recursos. Según apunta, la magistrada Pilar Teso será la ponente, mientras que José Luis Requero y Segundo Menéndez, a los que sitúa a las «antípodas en ideología pero que en este asunto se unieron a favor de la exhumación y a favor de ignorar los derechos de la Iglesia y de la familia», ya «no se sentarán a deliberar».

«Resulta que a lo mejor, el próximo 7 de julio, día de San Fermín, pese a que se han suspendido los festejos de Pamplona en honor al santo, pueden correr unos miuras por los pasillos del palacio de justicia que, al menos, les recuerde la grave responsabilidad de sus funciones y, aunque sea testimonial, algún magistrado valiente cuestione la constitucionalidad de la ley de memoria histórica que desune y enfrenta a los españoles, que terminará por cargarse a la Monarquía, y que desvía la atención de la hecatombe a que nos está llevando Pedro Sánchez», indica el comunicado.