Antonio Camacho camina por las calles de Madrid en el contexto del caso Begoña Gómez.
Según fuentes jurídicas, los letrados de Gómez, de su asistenta, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés han insistido en que Peinado dé carpetazo a la causa durante la sesión que se ha celebrado, en la que el juez ha trasladado a las partes su decisión de dirigir el caso hacia un jurado popular, recoge Europa Press.
Por su parte, otras fuentes jurídicas han señalado que las acusaciones han solicitado que se practiquen nuevas diligencias con el fin de ahondar en la investigación, tales como el salario de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente.
A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el abogado que representa a Hazte Oír –que también ejerce la acusación popular–, Javier Pérez Roldán, ha declarado que Gómez “está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella”, y ha señalado que desde la asociación vienen “con los deberes hechos, con todo bien atado”.
Por su parte, Vox ha denunciado “los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación”, después de la sesión, que ha durado casi tres horas.
Además, ha recordado algunas de las acusaciones a Begoña Gómez, como las supuestas “intervenciones de empresas patrocinadas con una financiación de un software valorado en más de 300.000 euros”, así como los presuntos “correos y la constatación de la intervención de Cristina Álvarez, pagada por Presidencia del Gobierno, como asistencia de asuntos personales”.
También ha enfatizado el supuesto “incremento de Juan Carlos Barrabés y de su grupo empresarial en más de un 400% en los contratos públicos recibidos en Red.es y otras administraciones”.
El magistrado, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, presentó un auto el pasado 20 de marzo en el que manifestó que “se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado”.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, al estimar recursos de las defensas contra esa decisión. Los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había “indicios racionales de criminalidad” que justificaran esa decisión.
En su nuevo auto, según la citada agencia, Peinado argumentaba que Gómez “habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno” para “impulsar su proyección profesional” en la Universidad Complutense de Madrid, “obteniendo para ello una interlocución singular con responsables” del centro, “empresas patrocinadoras” y “entidades del sector tecnológico”.
Así, señala que su condición de pareja de Sánchez “influye en la conducta de cualquier ciudadano” por el “poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones”.
Al mismo tiempo, incide, Gómez “recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial” para “la creación, desarrollo y expansión” de una cátedra universitaria de la que, según el magistrado, se habría apropiado indebidamente.
“Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas”, agrega.
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