juzgados de plaza de castilla
La vista celebrada este sábado en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid marca un nuevo capítulo en la causa por presunta malversación que afecta a la esposa del presidente, a su asesora Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.
El juez Juan Carlos Peinado transformó la investigación en procedimiento de jurado popular, lo que implica que en caso de juicio serán ciudadanos y no magistrados quienes decidan el veredicto. La decisión responde al artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que regula la comparecencia en la que se informa a los investigados de los términos de la imputación.
La defensa de Gómez, encabezada por el exministro Antonio Camacho, respalda la petición del Ministerio Público de cerrar el caso
En paralelo, las acusaciones populares, encabezadas por la asociación Hazte Oír, reclaman que el propio Sánchez y Bolaños comparezcan para dar explicaciones sobre el nombramiento de la asesora de Moncloa.
Aunque estaban citados, Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre no acudieron al juzgado y delegaron en sus abogados. Se ampararon en una circular de la Fiscalía de 1995 que establece que en estas vistas la presencia del imputado “no es indispensable”, ya que no se practican diligencias de instrucción ni declaraciones.
La vista se prolongó durante más de una hora y media sin la presencia física de los tres investigados
Este paso procesal llega seis meses después de que el magistrado acordara abrir una pieza separada para determinar si hubo desvío de fondos públicos en la contratación de Álvarez y si ésta realizó labores privadas vinculadas a Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
El juez deberá resolver ahora entre dos caminos opuestos: el archivo que reclaman Fiscalía y defensa o la ampliación de las diligencias con nuevas citaciones como piden las acusaciones. La decisión marcará el futuro de un proceso que ha situado en el centro del debate político y judicial a la mujer del presidente.
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