La Fiscalía esgrime que “todo acto tiene una razón de ser” y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien “impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento”.
A juicio del Ministerio Fiscal, la resolución impugnada “adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica”, ya que para su absolución se han omitido indicios de manera “incongruente” y “contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio”. De ahí que solicite la anulación del fallo “ante la vulneración de las normas constitucionales por insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio”. También la devolución de las actuaciones “al órgano que dictó la sentencia recurrida para un nuevo enjuiciamiento de la causa, con una composición distinta de la Sala”.
El recurso alude a que en la sentencia se infringe la tutela judicial efectiva tanto en su motivación sobre la participación de la acusada como en las conclusiones para absolverla. Y es que, entiende que hay indicios “de notorio sentido incriminatorio” que han sido obviados, “siquiera para descartarlos” por la Sala y que, además, son “ciertos”. De esta manera, cita, por ejemplo, la solicitud que Cifuentes hizo al rector de la Universidad Rey Juan Carlos de la documentación acreditativa de haber cursado el Máster.
Asimismo, alude también otros indicios no valorados como el hecho de que la expresidenta madrileña fuera la “única o principal” beneficiada de la falsedad de un documento que necesitaba “imperiosamente” para dar una respuesta a los medios y evitar así “las consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”. Esta circunstancia, para la Fiscalía, “ya supone un indicio incriminatorio”.
El recurso, además, subraya que la sentencia omite “todo” razonamiento sobre determinadas pruebas practicadas en el juicio “y que suponen indicios no descartables de participación”. Así, afirma que existen “datos objetivos” de que había una relación entre Amalia Calonge, María Teresa Feito y Cristina Cifuentes. Esta circunstancia, según la Fiscalía, llevó a la primera de ellas en 2014 y a la segunda en 2018, a actuar de lo forma en que lo hicieron porque así se lo pidió la ex presidenta madrileña “siendo ésta, una vez más la única beneficiaria de tales irregularidades”.
Otro indicio no valorado por la Sala hace referencia al interés de la acusada en obtener la documentación de una titulación “a sabiendas” de que era irregular. En este sentido la Fiscalía recuerda que no ha responsabilizado ni pedido la condena del “entorno” de Cifuentes. “¿Cómo hacerlo sin poder individualizar cada comportamiento?”, se pregunta. Sin embargo, “el hecho de que las llamadas y requerimientos reiterados se hicieren por la Consejería de Educación y desde el Gabinete de Presidencia, refuerza la relación de causalidad con quien necesitaba de aquello para salvar su carrera política: Cristina Cifuentes”.
Como último aspecto no valorado, en su opinión, por la Sala menciona el vídeo que se grabó la expresidenta y que colgó en su cuenta de Twitter donde exhibía toda la documentación que justificaba la regularidad en la obtención de su Máster. La Fiscalía parte de la idea de que pretendió obtener la documentación “de un hecho que no tuvo lugar” y de que el único cauce posible “era confeccionar aquello que fuere necesario para crear la apariencia de la regularidad, y ello supone falsear”.
En este apartado el recurso recoge que fue la propia Cifuentes quien exhibió un documento como prueba “más que evidente” de que el Tribunal compuesto por Cecilia Rosado, Alicia López de los Mozos y Clara Suoto calificaron su defensa pública con un notable. Sin embargo, la Fiscalía replica que tal afirmación “no se correspondía con la realidad” puesto que dicho tribunal nunca se reunió como “así lo manifestaron las tres profesoras cuyo nombre consta en el acta”.
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