La Fiscalía pide 83 años de cárcel para Rato por varios delitos fiscales y blanqueo de capitales

Rodrigo Rato

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Autor: Congreso

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Rodrigo Rato mantuvo desde 1999 un “patrimonio oculto a la Hacienda española” articulado a través de diversas sociedades, lo que le habría permitido defraudar más de 8,5 millones de euros solo entre 2005 y 2015. Así lo defiende al menos la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, y en el que pide hasta 83 años de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno.

La Fiscalía acusa a Rato de 11 delitos contra la Hacienda Pública, así como de un delito de blanqueo de capitales, un delito de insolvencia punible, un delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil. Asimismo solicita para el político penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, tres por el delito de falsedad documental, además de las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, a través de sociedades como Red Rose Investment (Irlanda), Red Rose Finantial y Westcastle Corporation (Panamá) y Vivaway Limited (Reino Unido), Rato “habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015”.

El escrito de acusación del Fiscal describe la colaboración particularmente relevante que en tales operaciones habrían tenido Santiago Alarcó, ex cuñado de Rato, y el asesor fiscal Domingo Plazas, el primero manejando sus cuentas en el extranjero y gestionando estructuras societarias que servían a los intereses del también expresidente de Bankia  y el segundo administrando la sociedad española Kradonara (filial de Vivaway Limited) y organizando la repatriación de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por el trust gibraltareño Finsbury.

La documentación intervenida en las entradas y registros han permitido conocer que Rato ha titulado también cuentas en EEUU y Suiza desconocidas para el Fisco español, que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y que se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas.

De acuerdo con la documentación intervenida, a partir del año 2014, junto con el trust gibraltareño Finsbury antes referido, el acusado habría comenzado a utilizar también el trust United trust ubicado en Curaçao y al que están vinculadas las sociedades Eastriver en Anguila y Wheelerdale en Luxemburgo.

Todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, “objeto de mecánicas de blanqueo por el acusado”, apunta la Fiscalía, tales como el uso del llamado “crédito lombardo” que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores, e incluso las propias declaraciones efectuadas a Hacienda bajo los modelos 750 (Declaración Tributaria Especial) y 720 (Declaraciones de bienes y derechos en el extranjero), “utilizadas a los fines de limpiar el origen ilícito de los bienes, que el acusado ha tratado de reintegrar a la actividad mercantil lícita”.

Hotel en Berlín

En relación con el proyecto hotelero en Berlín, llevado a cabo por la sociedad Bagerpleta Gmbh, el escrito de la Fiscalía describe la operativa de lavado de dinero de origen delictivo a través de la inyección de fondos en la rehabilitación y puesta en marcha del hotel, de la adquisición de participaciones en la sociedad alemana por parte de sociedades de Rato y de las inyecciones de dinero en dicha sociedad mediante ampliaciones de capital a las que acudían sociedades del acusado.

Igualmente, el escrito de acusación refiere la forma en que, siempre presuntamente, se han blanqueado las cuotas con origen en Red Rose Finantial que se hallaban en cuentas en Bahamas y Ginebra. El ahorro fiscal logrado por el acusado le habría permitido obtener un soporte financiero para seguir haciendo inversiones y reinversiones constantemente, sin haber tributado fiscalmente por ello.

Amnistía fiscal

Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal introducida en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 12/2012 de 30 de marzo, declarando ser el propietario de Red Rose Finantial, omitiendo cualquier referencia a otras sociedades que él mismo tenía, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando a la Hacienda española 11.533,35 euros.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, el exministro “lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente (…) utilizó en realidad la DTE como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”.

El análisis de la documentación intervenida ha permitido identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda.

A la luz de tal documentación, y según el informe de 7 de julio de 2020 efectuado por la Unidad de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, han resultado cuotas defraudadas por importe de 7.470.163,96 euros en los ejercicios mencionados. A esta cantidad hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de servicios profesionales del acusado a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, como es el caso de los servicios prestados a Telefónica o la realización de conferencias, tras su regreso a España tras haber dirigido el Fondo Monetario Internacional.

Así, el total de las cuotas presuntamente defraudadas por los que Rodrigo Rato viene acusado asciende a un total de 8.586.121,67 euros, entre los ejercicios de 2005 y 2015.

Fianza de las tarjetas black

La documentación intervenida ha permitido asimismo conocer que la fianza por importe de tres millones de euros impuesta en octubre de 2014 por la Audiencia Nacional en la llamada causa de las ‘tarjetas black’, que fue avalada por la sociedad Ership, vinculada a un familiar de Rato, conllevó que en febrero de 2015 Rato entregara en prenda al dueño de Ership las 2.349 participaciones que constituían la totalidad del accionariado de su sociedad Vivaway cuyo valor total ascendía a 6.485.389,23 euros.

Se desconoce en la actualidad si las participaciones entregadas volvieron a manos de Rato, o si se despatrimonializó definitivamente Vivaway merced a la operación de prenda llevada a cabo que trasladaba ese patrimonio fuera de todo control judicial, pese a tener causas penales abiertas.

También se ha constatado que el 14 de abril de 2015, dos días antes de las entradas y registros, Rato vendió valores de Donald Inversiones por 380.276,60 euros y que el mismo día de las entradas y registros, el 16 de abril de 2015, transfirió 487.032,24 euros de las cuentas de su sociedad Cor Comunicación, sin que se haya podido determinar el destino final de esa cantidad.

Salida a bolsa de Bankia

En la instrucción de este procedimiento, existen “indicios racionales” de que Rato, siendo presidente de Caja Madrid -Bankia, cargo que ocupó entre enero de 2010 y mayo de 2012, cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con las entidades Publicis y Zenith relativos a la fusión y salida a bolsa de la entidad. Tales comisiones se canalizaron desde la sociedad interpuesta Albisa, propiedad del acusado Alberto Portuondo, quien además había sido contratado como asesor en Bankia.

Albisa cobró comisiones a las sociedades de publicidad contratadas por el banco y una parte de las mismas llegaron a la sociedad Kradonara, amparada bajo un supuesto contrato de asesoría de esta a aquella. Las comisiones percibidas ascendieron a un total de 835.059,97 euros entre 2011 y 2012. Estas comisiones fueron recibidas en la cuenta bancaria de Kradonara y transferidas por Rato a las cuentas de Bagerpleta y a las de su sociedad Arada, “logrando así difuminar el origen del dinero, de igual modo que hizo con las cuotas defraudadas presuntamente a Hacienda”.

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