En este contexto, la Fiscalía recuerda en un comunicado que ya abrió diligencias de investigación en relación con Juan Carlos I el 18 de junio y el 5 de noviembre de 2020, y, «tras una exhaustiva investigación, se archivaron el 2 de marzo de 2022».
Así, la Fiscalía se ratifica ahora en las razones aducidas en el decreto de archivo de marzo de 2022, ya que en la mencionada querella «no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba distintas a las ya consideradas para dictar el archivo».
Los querellantes señalaron que esos cinco delitos fiscales que atribuyen al Rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito. Además, solicitaron la declaración de Juan Carlos I y que comparecieran como testigos personas físicas, como su familiar Álvaro de Orleans Borbón, Arturo Fasana y Dante Canónica, y representantes legales de las entidades societarias que aparecen en el texto.
