El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. (Foto: Ayuntamiento de Madrid)
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal ha aceptado la demanda que llevó al Ministerio Público el partido que lidera la oposición en el Consistorio y ha incoado diligencias de investigación preprocesal.
A principios de abril, la portavoz de la formación, Rita Maestre, presentó la denuncia para “acabar con la impunidad” de las viviendas de uso turístico ilegales que, a su juicio, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “ha permitido durante cinco años”. Para la formación existe “un delito de prevaricación” por parte del Consistorio y la Agencia de Actividades. En concreto, señala el artículo 320 del Código Penal, que “habla explícitamente de que cuando los funcionarios, los cargos políticos o las administraciones conocen que se está cometiendo una ilegalidad tienen el deber de actuar”.
En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la concejala de Más Madrid Lucía Lois ha destacado que la Fiscalía les “da la razón” tras aceptar su demanda ante “la inacción de Almeida con los pisos turísticos ilegales en la ciudad, que ha mirado hacia otro lado e incumplido la normativa municipal”, recoge la citada agencia.
La edil ha recalcado que las viviendas de uso turístico han aumentado “de manera exponencial” y ha señalado que “el propio Consistorio reconoce que hay 15.000 pisos turísticos ilegales en la ciudad”.
“Tras las denuncias vecinales y la denuncia del Ministerio de Consumo conocemos incluso los emplazamientos concretos de cada uno de ellos. Ya no hay excusa. El daño a la ciudadanía es incalculable y ha provocado una situación insostenible que está expulsando de sus viviendas y de sus barrios a muchas vecinas y vecinos”, ha insistido.
Lois ha cargado contra “este problema” para añadir que “impide el descanso y la vida normal de la gente, contribuye al alza imparable del precio de la vivienda y propicia una situación de agravo comparativo con los propietarios que cumplen con la normativa vigente”.
“La inacción de Almeida no es simple pasividad. El alcalde se cree impune ante la ley, piensa que puede incumplirla y por eso le hemos llevado ante la Fiscalía. Con la apertura de la investigación esperamos que se demuestre que ha habido un consentimiento deliberado ante la ilegalidad”, ha apuntado.
Al hilo, la concejala de Más Madrid ha asegurado que el Gobierno municipal “tiene la obligación de inspeccionar” y ha remarcado que la Fiscalía es “clara” tras aceptar la denuncia porque “ve un claro sesgo intencional en la omisión, que buscaría proteger los intereses económicos derivados de dicha actividad”.
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