“La factura seguirá infladísima”: Facua ve desproporcionado el tope al gas pactado con Bruselas

Bombilla

Imagen de una bombilla.

Facua-Consumidores en Acción ha advertido de que el tope en el precio del megavatio hora (MWh) de gas acordado por España y Portugal con la Comisión Europea “no evitará que en 2022 los consumidores paguen el recibo más alto de toda la historia”.

La asociación considera “desproporcionadamente alto” el máximo de 50 euros/MWh que se fijará para el gas, “nada menos que un 67% por encima de la cifra que plantearon de inicio los gobiernos español y portugués”. En este sentido, ya señaló en su día que los 30 euros propuestos derivarían en un precio de la luz que “seguiría siendo absolutamente excesivo, con lo que la cantidad pactada no representará precisamente una factura justa para los consumidores”.

Así, Facua apunta que los 50 euros/MWh para el gas se traducirán en unos 140 euros/MWh para la electricidad en la subasta diaria. “El importe, aunque por debajo de la aberración que viene produciéndose en el mercado en los últimos meses, seguirá provocando un recibo infladísimo durante los próximos meses”, señala.

“Para propiciar una factura razonable”, la asociación viene reclamando una “fórmula de intervención tarifaria” que limite a un máximo de 50 euros/MWh el precio de la electricidad en la subasta diaria -desde finales de los 90 y hasta mediados del año pasado estaba fijado en España en 180 euros, frente a los 3.000 actuales-. “Con la fórmula de poner un tope al gas, éste debería situarse en poco más de 10 euros para lograr este objetivo”, afirma.

“El modelo de subasta marginalista es el origen de la especulación y de los desproporcionados precios que pagan los consumidores”, remarca Facua, que reclama al Gobierno que plantee a la Comisión Europea “un cambio radical en el sistema, dado que resulta disparatado que los consumidores tengan que pagar las energías más baratas al precio de las más caras”.

Asimismo, insiste en exigir al Ejecutivo que proteja a las familias por la vía de declararlas a todas -excepto las rentas más altas- consumidores vulnerables, “de manera que puedan acogerse coyunturalmente a un bono social especial, que les permitiría pagar tarifas con grandes descuentos sobre lo que dicta el mercado”.