Los eurodiputados ven en la norma anti LGTBIQ «un ejemplo intencionado y premeditado más del desmantelamiento gradual de los Derechos fundamentales en Hungría», según el texto adoptado por el pleno reunido en Estrasburgo (Francia), con una amplia mayoría de 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones.
En contra han votado el grupo de Conservadores y Reformistas, incluido Vox, y los ultraderechistas de Identidad y Democracia (ID), mientras que el Partido Popular español se ha abstenido en bloque a excepción de Esteban González Pons, quien ha apoyado la resolución como la mayoría del Partido Popular Europeo.
En el texto, la Eurocámara alerta de que las acciones patrocinadas por el Estado contra el colectivo LGTBIQ y otras campañas de desinformación no son un hecho aislado sino que se han convertido en herramientas habituales para imponer «censura política» en el país.
De este modo, los eurodiputados temen que esta sucesión de «violaciones de los Derechos Humanos» forme parte de una agenda política más amplia con la que Orban busca el «desmantelamiento de la democracia y del Estado de derecho», por lo que debería considerarse una «violación sistemática» de los valores de la UE.
El documento aprobado por la Eurocámara señala la alarma ante prácticas como la modificación de la Constitución para especificar que «la madre es una mujer y el padre es un hombre» o la prohibición de facto del reconocimiento jurídico del género para las personas transgénero e intersexuales.
Ante esta situación, el pleno del Parlamento europeo expresa su compromiso firme con la defensa de los derechos de los niños y recalca que la tolerancia, la aceptación y la diversidad deben ser principios rectores a la hora de asegurar el respeto del interés superior de los menores.
Por todo ello, los eurodiputados reclaman medidas legales urgentes para proteger los derechos de los europeos en Hungría, incluido la petición de medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la UE y la imposición de sanciones si persiste el incumplimiento.
También piden a los Estados miembros que lleven el caso ante el Tribunal si la Comisión no actúa, y plantean la presentación de una demanda inter-estatal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Finalmente, la Eurocámara defiende que la situación en Hungría permite actuar en el marco de la condicionalidad que prevé el presupuesto europeo para congelar fondos en caso de que el país receptor vulnere el Estado de derecho y pone en duda que el plan de recuperación presentado por Budapest para recibir ayudas del fondo postCovid respete las reglas de la UE.
