Las entidades se muestran convencidas de que va a ser una acción “inédita e histórica”, ya que hay que remontarse a los años ochenta del pasado siglo para encontrar una protesta de estas características. Los convocantes recalcan que la intención de esta “medida de presión” es conseguir que la Generalitat participe en una “negociación real” para conseguir mejoras en el sistema educativo, recoge Europa Press.
Por su parte, la Conselleria de Educación ha facilitado los primeros datos de seguimiento. De acuerdo a la información distribuida por el departamento de Campanar, hasta las 10 de la mañana, han secundado la huelga un 23,96% de la plantilla.
El desglose por provincias es el siguiente: en Alicante, la están secundando el 23,74%; en Castellón, el 22,57%, y en Valencia alcanza el 25,13%.
La huelga indefinida llega tras semanas de desencuentros entre la administración y los sindicatos docentes, que acusan a la Conselleria de Educación de “burlarse” del colectivo docente y negarse a entablar una “negociación real” sobre sus reivindicaciones.
Salario sin actualizar desde 2010
Estas peticiones pasan por una mejora de sus retribuciones –ya que los profesionales valencianos se encuentran a la cola de las retribuciones en España y la parte autonómica de su salario no se actualiza desde 2010, recalcan los convocantes del paro–, pero van más allá, puesto que reclaman actuaciones en infraestructuras, bajada de ratios o protección de la lengua valenciana, entre otros puntos.
El pasado jueves, la Mesa Sectorial de Educación, convocada en principio para hablar de burocracia pero ampliada a otros temas a petición de los sindicatos, se había planteado como un “último cartucho” para llegar a un acuerdo que evitara la huelga. Esa entente no se produjo al rechazar los representantes del colectivo docente la propuesta económica de la Conselleria: una subida progresiva de 75 euros brutos al mes hasta 2029, lo que supone unos 25 euros más al mes cada año.
“Indigna e irrisoria” fueron algunos de los calificativos que se escucharon por parte de los sindicatos tras la reunión.
Esa misma tarde, se conoció que la consellera, Carmen Ortí, se había dirigido por carta a las familias para señalarles que “hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable”. “Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical”, recalcaba en el escrito.
Y es que los servicios mínimos fijados por la Generalitat incluyen que en 2º de Bachillerato tendrán la consideración de servicios mínimos las “actuaciones imprescindibles para la evaluación final tanto ordinaria como extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para acceder a la EBAU”.
