El anterior Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Francisco Javier García Arnáiz, ha sido autorizado a fichar por Global Training Aviation, según el Portal de la Transparencia. Este piloto de guerra al mando del Ejército del Aire español desde 2012 abandonó el cargo en marzo de 2017, con 63 años, como parte de la renovación de la cúpula del Ejército de la nueva responsable de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Según la petición del exJEMA a la Oficina de conflictos de intereses para altos cargos, desea continuar su trayectoria al otro lado, en el sector privado, y fichar por esta empresa de entrenamiento aeronaútico y simuladores de vuelo con base en Madrid.
Un camino parecido al de su número dos, Eduardo Gil Rosella, ex segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (SEJEMA), autorizado por el mismo órgano a trabajar en Oesia Network.
Tras ocupar el “principal órgano auxiliar de mando del JEMA, responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento”, dejó su cargo el pasado 1 de diciembre y apenas un mes después cuenta con el permiso para ser contratado por este grupo empresarial que abarca desde el sector de la Administración pública y la sanidad hasta la seguridad, defensa y el sector aeroespacial.
Un tercer alto cargo del departamento aéreo de Defensa, el ex Jefe del Mando Aéreo de Combate Eugenio Ferrer Pérez, ha pedido fichar por Indra, algo que el Gobierno le permitió también el pasado 4 de diciembre. Se trata de uno de los gigantes del armamento español del que el Estado posee el 18,7% de sus acciones a través de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI).
La ley establece que “durante un periodo de dos años tras el cese, los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses”.
Este órgano debe por tanto evitar las llamadas ‘puertas giratorias’ e impedir que los exdirigentes políticos saquen rédito privado de su poder público o que las empresas se beneficien de ello. Los altos cargos son fichajes muy codiciados en el ámbito privado por su experiencia pero también por su capacidad de influencia ante los resortes con más poder de cada sector.
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