Según ha avanzado la SER, Carlos Neira, abogado de Alberto González, envió un correo electrónico en el que se muestra que es la propia defensa del novio de Ayuso la que propone a la Fiscalía de Madrid un pacto de conformidad para saldar esa deuda con Hacienda. Esto implicaría asumir la condena por dos delitos fiscales y pagar la cantidad adeudada.
Los dos delitos fiscales “ciertamente se han cometido”, según el correo electrónico. O lo que es lo mismo, la pareja de Ayuso reconocería la comisión de dos delitos fiscales por 350.000 euros.
“Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”, dice el mail al que ha tenido acceso el citado medio.
Cronología de la confesión
La propia Fiscalía ha emitido un comunicado en relación con la denuncia interpuesta contra Alberto González en el que hace una cronología de lo sucedido.
De esta manera, señala que el 23 de enero la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió unas diligencias de investigación penal como consecuencia del escrito-denuncia remitido por la Agencia Tributaria en la que ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
Unos días después, el 2 de febrero, el abogado de la pareja de Ayuso “se puso en contacto” a través de un correo electrónico con la Fiscalía (12:45 horas) para “proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal”.
“Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González de la comisión de ‘dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021’”, destaca la Fiscalía.
Tras esto, el 7 de febrero, continúa en la nota, el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto “dictó Decreto de conclusión de las diligencias de investigación incoadas para esclarecer los hechos denunciados por la Agencia Tributaria”. En este Decreto se acordó la interposición de denuncia contra González y otros por “delitos de defraudación tributaria y falsedad documental”.
El 12 de febrero, a las 11:34 horas, el fiscal contestó por correo electrónico al abogado del novio de Ayuso y le manifestó que tomaba nota “de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”, “sin que considere que la existencia de otras personas implicadas en la defraudación al erario público denunciada por la Agencia Tributaria pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal”.
Un día después, el 13, el fiscal encargado del asunto interpuso la denuncia contra Alberto González y otros cuatro individuos, así como contra ocho sociedades mercantiles, por la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, y un delito de falsedad en documento mercantil.
El día 20 de febrero la Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia interpuesta contra González y otros al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid y el 5 de marzo el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid registró la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal.
“El único pacto es el propuesto por el letrado de González”
Por último, detalla, el 12 de marzo el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado de González “para facilitarle el derecho de defensa” y le reiteró, como ya hizo el día 12 de febrero, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal.
“En definitiva”, remarca la Fiscalía, “el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Alberto González al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024”.
Ayuso denuncia un “caso turbio” y una inspección “sacada de quicio”
La presidenta de la Comunidad de Madrid salió ayer, en defensa de su pareja casi un mes y medio después de que este último reconociera los hechos. Y lo hizo negando que él debiera dinero a Hacienda y denunciando que se trata de “un caso turbio de todos los poderes del Estado” contra su novio. “No hay ninguna trama”, afirmó en una comparecencia ante los medios en la que achacó todo a una campaña orquestada por Moncloa.
“El presidente del Gobierno, que va a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas”, aseguró, “ha pedido mi dimisión. Imagino que para tapar ese escándalo”. “Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar aunque pida mil veces mi dimisión”, continuó la dirigente autonómica. En su opinión, “busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido es él”.
Tras esto, cargó contra la inspección fiscal “salvaje” que se ha realizado a su pareja y ha negado que deba 350.000 euros a Hacienda. Es más, ha dicho que es la propia Hacienda quien le debe casi 600.000 euros. Para Ayuso se trata de una “inspección sacada de quicio”. “Aquí no hay ninguna trama ni sociedades pantallas”, ha defendido.
Según la presidenta madrileña, “es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja”. “¿Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja?”, se preguntó, tras lo que defendió que “no hay ni un solo contrato con la Comunidad”.
“Se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio. Turbio por cómo se inicio la inspección, turbio por cómo se ha desarrollado, por las filtraciones”, denunció.
