La comunidad educativa teme volver a ser olvidada en el Pacto de Estado puesto en marcha por Rajoy

El Congreso de los Diputados está comenzando a dar los pasos para redactar una nueva Ley Educativa. Bajo el titular de “Pacto de Estado”, el Gobierno de Mariano Rajoy –junto al apoyo de PSOE y Ciudadanos– ha dado el pistoletazo de salida a los trabajos en la subcomisión de Educación. Por ello, al ver que los movimientos parlamentarios empiezan a darse, la comunidad educativa recuerda a las fuerzas políticas que sin escuchar su voz no habrá pacto que valga.

Y es que la necesidad de una nueva Ley Educativa no es una cuestión que ha aparecido en los últimos meses. Como ha rescatado La Plataforma La Educación Pública, ya hace dos años la sociedad civil comenzó a trabajar en las bases para este texto que persiguen los diputados. En total, 31 organizaciones redactaron un ‘Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político educativo’.

Un acuerdo entre sindicatos, asociaciones de padres y entidades sociales donde plasmaron la obligación de que la política educativa “no puede ser sino una política pública; es decir, aquella que es discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía”. Algo que exigieron en julio de 2015 y que la comunidad educativa no olvida en este inicio de primavera donde los parlamentarios comienzan a perfilar el futuro de la educación.

“Ante el pacto educativo que se está planteando en el Parlamento, es importante fijar los principios y finalidades básicas que debe tener la educación. Y establecer un proceso participativo de todos los agentes implicados: comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado), partidos políticos, sindicatos, entidades y expertos, mareas, etc”, sentencia La Plataforma La Educación Pública, después de ver que en la Ley Wert esta apertura a la sociedad brilló por su ausencia.

Una participación de la ciudadanía donde, según el manifiesto, se desea que la educación “vertebre con coherencia los objetivos, los contenidos, las metodologías y la evaluación; funciones en las que se concreta y se expresa la acción educativa”. Asimismo, la comunidad educativa exige a los diputados que se vea al profesorado como una figura que facilite el “proceso educativo” y que sea “puente comunicativo entre los distintos agentes de la comunidad educativa”.

“Es necesario un amplio acuerdo social por la educación pública que recoja las principales líneas de consenso y garantice la estabilidad del sistema educativo, así como establecer las vías de participación de la sociedad y la comunidad educativa. […] Y, sobre todo, no podemos permitir la existencia de un sistema educativo que no ponga en el centro de todas sus actuaciones al alumnado y su adecuada educación integral. El resto de cuestiones deben estar supeditadas completamente a este importante objetivo”, resume La Plataforma La Educación Pública como base para el Pacto de Estado.

Por ello, echando la vista atrás, la plataforma -donde están presentes sindicatos como CCOO o el Sindicato de Estudiantes, colectivos como Mareas por la educación pública, Yo Estudié en la Pública o la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado y entidades como OXFAM Intermón, el Foro Mundial de Educación o Juventud Sin Futuro- ‘rescata’ dicho documento que, a su entender, debería estar presente en los trabajos parlamentarios. Y más al ver que es un texto que cuenta con un reposo y consenso al haberse “creado a lo largo de dos años”.

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