Según informa la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de este importe total, más de 123 millones de euros corresponden a la liquidación de las inversiones realizadas en la ejecución de las obras que sí se acometieron.
El importe restante, de 39,1 millones de euros, responde a los intereses de demora desde la fecha en que debió abonarse el anterior importe. Además, todas estas cantidades se han incrementado en el IVA legalmente aplicable por un importe adicional de 25,9 millones de euros.
El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se estimaba que la resolución del contrato de este tren de cercanías, así como la petición de 356 millones a OHL, como se llamaba antes la compañía, debían ser declaradas nulas.
La Comunidad de Madrid había reclamado una indemnización de 356 millones de euros a OHL como «responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato» que suscribió en enero de 2008 como concesionaria para la construcción de la línea.
Con todo, el TSJM acordó anular la resolución por la que la Comunidad de Madrid reclamaba a Cemonasa, filial de OHL, ese importe por las obras inacabadas del tren entre Móstoles y Navalcarnero, dando por finalizado el contrato.
Las obras, con las que pretendían cubrir un trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a OHL por el Ejecutivo regional en 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros. Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010.
En junio de 2015, tras cinco años paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por «imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» y reclamando 285 millones de euros de indemnización.
Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndole 34 millones de euros de penalidades y dándole 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017).
Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por «incumplimiento de contrato», mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.
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