Vivienda
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de anunciar que ha impugnado en los tribunales la reciente normativa urbanística municipal de Madrid, Bilbao y San Sebastián sobre alquiler turístico, al considerar que las normas de estos consistorios «son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios».
Para el regulador, las medidas aprobadas por los tres gobiernos municipales «tienen efectos restrictivos sobre la competencia al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados”. Y cree que “ello provocará precios más elevados en el alojamiento turístico y reducirá la calidad, la inversión y la innovación en los alojamientos turísticos de estas tres ciudades”.
La CNMC considera que estas medidas en los tres consistorios “no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos”. Y critica que “en ninguno de los tres casos se especifican con claridad los objetivos de interés general que se persiguen ni se justifica que las medidas elegidas sean las más idóneas para lograrlos”.
En el caso de Madrid, la CNMC recuerda que el Ayuntamiento de Madrid aprobó una norma que exige una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas. “Por otro lado, establece un periodo de un año, ampliable a otro más, hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos de la capital: en el distrito Centro, para toda clase de hospedaje, y en Palos de Moguer, Recoletos, Goya, Trafalgar y Argüelles para viviendas de uso turístico”.
Fue la llamada ‘moratoria’, aprobada en febrero en la capital. Fue una normativa transitoria a la espera de sacara delante el Plan Especial de implantación del uso del hospedaje y con el que Manuela Carmena prevé ilegalizar al 95% de los actuales pisos turísticos en el centro de la capital. Ese plan contempla exigir a todas las viviendas turísticas un acceso independiente desde la calle. Un requisito, no obstante, que no es nuevo, sino que ya recogía el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM).
En el caso de Bilbao, “solo pueden ser viviendas de uso turístico las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle”. Y además destaca que se exige autorización y registro para las viviendas de uso turístico y límites para las mismas. “También se incluyen otros obstáculos, como exigencias de oferta máxima de tres habitaciones por vivienda y limitación a edificios de uso residencial”.
En el caso de San Sebastián, “la normativa limita también las viviendas de uso turístico a las plantas bajas o primeras de los inmuebles salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, la normativa prohíbe nuevas viviendas turísticas en algunas zonas del centro de la ciudad”.
El regulador explica que, antes de recurrir a la justicia, envió a las tres ciudades requerimientos previos para que éstas “justificaran la necesidad y la proporcionalidad de una serie restricciones impuestas a la hora de alquilar apartamentos y viviendas turísticas, o para que, directamente, anularan esos requisitos”. «Pretendía evitar tener que recurrir las normas ante los tribunales», defiende el regulador, pero defiende que «al no haber sido contestados satisfactoriamente, la CNMC ha presentado el correspondiente recurso contencioso-administrativo».
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