Impuestos

La CEOE cree que subir el IVA a la sanidad y educación privadas destruirá empresas y empleos

“Esta medida atenta contra el derecho fundamental a la libertad de elección de los ciudadanos”, señala la patronal.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, tras la firma del acuerdo para la subida del SMI

La CEOE ha afirmado este viernes que comparte «la preocupación» de los sectores de sanidad y educación ante la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) acaben con la exención del IVA aplicable en la actualidad a servicios de atención hospitalaria y educativos cuando se presten por una entidad privada, y ha advertido de que conllevará la «destrucción» de empresas y empleos.

«Esta medida atenta contra el derecho fundamental a la libertad de elección de los ciudadanos», ha manifestado la patronal en un comunicado.

A juicio de la CEOE, la medida tendría «escasa eficacia» recaudatoria, ya que incidiría «muy negativamente» en la demanda de servicios de sanidad y educación privados por parte de los consumidores, «más aún en un entorno de recesión económica como el actual; y llevaría a una segura destrucción de empresas y empleo».

«Esto podría tener un efecto económico contrario al deseado, advierte la CEOE, que indica que tal y como refleja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el apartado relativo a exenciones de sanidad y educación de su informe ‘Evaluación del Gasto Público 2019’, el incremento de recaudación derivado de eliminar la exención de IVA sería inferior al coste para el sector público de la necesidad de prestar esos mismos servicios a aquellos individuos que abandonasen el sistema privado a raíz de esta modificación.

Además, los empresarios españoles consideran que «hay razones para rechazar este cambio fiscal, ya que dificulta la participación del ámbito privado en estos sectores, que están demostrado que permite mejoras en coste, calidad y eficiencia».

Por último, ha indicado que, «como también reconoce la AIReF», ambas exenciones, de carácter social y que tienen el objetivo de abaratar el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales, se encuentran generalizadas en los países de la UE, sin excepciones en sanidad y con muy escasas excepciones en educación».

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