La población entre 25 y 29 años con estudios inferiores a la educación obligatoria es de aproximadamente el 25% en Puente de Vallecas y Usera, y de en torno al 7% en barrios madrileños como Salamanca o Chamberí.
Ese dato es un fiel reflejo de la desigualdad existente entre los distintos enclaves de Madrid, que con los gobiernos de Alberto Ruíz-Gallardón y Ana Botella, entre 2003 y 2015, observaron cómo la brecha social y económica que les separaba aumentó.
El informe de la Auditoría municipal Ciudadana llevada a cabo por el actual Ayuntamiento de Madrid concluye que las políticas llevadas a cabo durante esos años del PP supusieron una regresión en los derechos sociales básicos de muchos madrileños, particularmente el de los residentes en barrios humildes. El mejor ejemplo de ello fueron las medidas dedicadas a la educación infantil, único marco competencial del Ayuntamiento en Educación.
Privatización, externalización (gestión indirecta) y reducción de escuelas.
Así se podrían resumir las políticas educativas de Alberto Ruíz-Gallardón y Ana Botella, que optaron por la privatización de la oferta municipal de plazas de educación infantil, de forma que se ha institucionalizado el modelo llamado “de gestión indirecta”. De hecho, de la red de escuelas municipales solamente dos no se gestionan a través de esta fórmula de subcontratación al sector privado.
Según el informe de la Auditora, la fórmula elegida para la gestión del sistema de educación infantil municipal cambió el criterio de los pliegos mediante los que se valoraban las ofertas para la concesión de escuelas, pasando a valorar más el proyecto económico que el educativo y estableciendo como requisito un volumen de negocio mínimo de 200.000 euros.
Estos cambios facilitaron la entrada en el sector de la educación infantil “pública” de grandes empresas sin ninguna experiencia en el ámbito educativo (Eulen, Clece) y la expulsión de pequeñas empresas y cooperativas. Por ejemplo, como detalla el informe municipal, en las renovaciones que se llevaron en 2010, 28 de los 50 concursos resueltos fueron a parar a grandes grupos empresariales.
Además de estos procesos, el recorte en el presupuesto y en la oferta de plazas públicas.
Consecuencias de Gallardón
Presión para el incremento de ratios de alumnos, rebajas o poco control en los requisitos de instalaciones, espacios escolares o recursos escolares, menor control sobre la titulación profesional requerida para el personal, encarecimiento del servicio y la consiguiente ‘expulsión’ de las clases más desfavorecidas.
Por ejemplo, desde 2010 puede estimarse una reducción del 40% en las partidas que concentran el grueso del gasto educativo municipal. Como consecuencia, a partir del curso 2010-2011 la reducción de matrículas es significativa, declive que se concentra en los distritos con menor nivel de renta de la ciudad, como Moratalaz, Ciudad Lineal, San Blas, Latina, Puente de Vallecas y Usera.
El sistema que se establece es el privado, y no el público, y muchas empresas deciden no instalarse en barrios con ingresos bajos de media.
“Hay que considerar que entre las familias que no escolarizan a sus hijos se encuentran tanto aquellas que en el contexto actual no intentan hacerlo, como aquellas que sí lo intentan pero por diversas razones no consiguen acceder a una plaza de titularidad pública ni privada, por lo que se ven abocadas a la búsqueda de otras opciones no escolares”, afirma el informe, que no duda en concluir que la década del PP al frente del Consistorio abrió (aún más) la brecha de la desigualdad entre los barrios.
